Cajeros automáticos, servicios bancarios, ordenadores, teléfonos, equipos de televisión, servicios de telefonía y audiovisuales, transporte, libros electrónicos, venta por internet, máquinas expendedoras de billetes o comida... El pleno del Parlamento Europeo ha dado el primer paso en la tramitación del Acta Europea de la Accesibilidad, una norma que tiene por objetivo la eliminación de barreras para que todos los ciudadanos tengan pleno acceso a servicios como los teléfonos, los servicios bancarios, el comercio electrónico o la venta de billetes. La Eurocámara informó ayer de la aprobación del primer texto de este acta, que salió adelante con 537 votos favorables, 12 en contra y 89 abstenciones. Tras recibir el respaldo del pleno, los negociadores del Parlamento podrán iniciar conversaciones con el Consejo, una vez que éste fije su posición.
El Acta Europea de la Accesibilidad será un instrumento para que la Unión Europea y sus estados miembros apliquen la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, no es una medida centrada exclusivamente en este colectivo, ya que también beneficiará a todas las personas con limitaciones funcionales permanentes o temporales, como las personas mayores, mujeres embarazadas o ciudadanos que han sufrido accidentes. Y es que, dado el ritmo de envejecimiento de la población, la Unión Europea calcula que en 2020 habrá alrededor de 120 millones de europeos -en la actualidad hay 80 millones- con algún tipo de discapacidad.
La iniciativa dio comienzo en enero de este año con la propuesta de la Comisión Europea de crear una ley europea de accesibilidad que establezca requisitos comunes para determinados productos y servicios clave para que toda la sociedad en su conjunto disfrute de los mismos servicios, ya sean personas con discapacidad o con alguna limitación temporal o permanente.
Primera fase
Ahora, el acta supera su primera fase con una lista que incluye cajeros automáticos, máquinas expendedoras de billetes y de facturación, ordenadores y sistemas operativos y teléfonos y televisores. Además, también se pretende eliminar barreras de servicios bancarios, libros electrónicos, comercio electrónico y transporte, incluido los servicios urbanos, como metro, ferrocarril, tranvía y autobús. En esta relación de servicios, los eurodiputados incluyeron terminales de pago, dispositivos para libros electrónicos, páginas web y servicios audiovisuales para dispositivos móviles.
El texto enumerará los productos y servicios que deben hacerse accesibles, pero no impondrá soluciones técnicas detalladas, «para permitir que se planteen opciones innovadoras». Las normas se aplicarán donde «se presta un servicio, incluida la infraestructura de transporte, en las nuevas construcciones o en caso de obras de renovación sustanciales, para maximizar su uso por parte de personas con discapacidad», explican desde el parlamento.
Ahora bien, esta primera redacción del acta excluye a las «microempresas», es decir, aquellas que emplean a menos de diez personas o que tienen una facturación o balance anual que no rebasa los dos millones de euros.
Al mismo tiempo, el proyecto incluye salvaguardas para garantizar que las exigencias de la nueva normativa no generan una «carga desproporcionada a los operadores». Sin embargo, los eurodiputados advierten de que la falta de prioridad, de tiempo o de conocimientos no son razones para alegar una carga desproporcionada.
