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Análisis

El asesinato de Blas, ¿una muerte inevitable?

Los sindicatos policiales reivindican medios de autoprotección específicos para los agentes de investigación que trabajan de paisano

El asesinato de Blas, ¿una muerte inevitable?

El asesinato del investigador del grupo de Homicidios de la Policía Nacional Blas Gámez a manos de un asesino al que pretendía descubrir es un hecho tan excepcional, por fortuna, que es el primer caso de esas características que se da en los anales de toda la historia criminal española. Nunca antes el autor de un asesinato -el sueco Pierre Danilo Larancuent había matado y descuartizado sólo 30 horas antes a un peluquero tras un encuentro sexual ocasional- había respondido a una mera identificación -ni el subinspector ni su compañero de Homicidios sabían en ese instante que el hombre que acababa de aparecer en el portal del 77 de la calle Sueca tras bajar por las escaleras del edificio era precisamente el autor del crimen- matando a un agente.

Partiendo como base de esa certeza, la de que el infortunio, por una parte, y la clara intención homicida de Larancuent, por otra, son las dos componentes principales en el asesinato de Blas Gámez, surge la reflexión: ¿Era, por tanto, completamente inevitable la muerte del policía? Es más, ¿ha sido una muerte en balde? ¿Puede, entonces, repetirse algo similar?

Aunque la herida en el seno de la policía está aún demasiado reciente y los análisis en caliente no suelen aportar conclusiones demasiado eficaces, muchas son ya las voces que exigen una autocrítica a los procedimientos policiales tras el asesinato del investigador. Lógico, porque lo contrario sería resignarse al azar.

Desde ese punto de partida, varios sindicatos han vuelto a poner sobre la mesa la falta de seguridad y las insuficientes medidas de autoprotección con que cuentan los policías y los guardias civiles a la hora de trabajar. «En el caso de Blas, hablamos de un agente de investigación, es decir, que trabaja de paisano. Obviamente, la clave del éxito del trabajo de la policía judicial o de los agentes de Información es esa, no llevar uniforme. Por tanto, su equipamiento de autoprotección ha de ser acorde a esa circunstancia inherente a su tipo de trabajo. Un seguimiento, una entrevista con un testigo, una vigilancia, recabar información son gestiones que nunca tendrían éxito si se realizan con uniforme, como es obvio, así que dotar a esos policías de chalecos como los que utilizan los uniformados simplemente no es útil», afirma el responsable de un sindicato policial.

En València, por ejemplo, la brigada de Policía Judicial fue dotada hace unos meses con los famosos chalecos. Pero son exactamente los mismos que llevan los agentes de uniforme. «Existen chalecos específicos para llevar por debajo de la ropa, que son los que Interior debería procurar a sus agentes de investigación y de información. Chalecos más finos que se pueden llevar con discreción y comodidad, sin que el policía quede al descubierto en las tareas investigativas previas a una operación. Después, el día que se producen las detenciones, la cosa cambia. Los agentes ya llevan chalecos identificativos y los operativos se montan de un modo distinto. Pero en el día a día, durante las decenas de gestiones que preceden a la culminación de una investigación, esos chalecos especiales procuran la protección necesaria para, al menos, minimizar el impacto de una agresión tan salvaje como la que sufrió Blas. Nadie puede garantizar la seguridad al 100 %, pero quizás las lesiones no habrían sido mortales», explica la misma fuente.

Otra de las reivindicaciones es la distribución de guantes anticorte. Los agentes de policía que trabajan uniformados sí disponen de ellos -otra cosa es la calidad; muchos acaban comprando guantes propios «para tener garantías de que realmente van a ser eficaces en una agresión con un cuchillo grande»-, pero «a los agentes de investigación no se les facilitan, cuando el contacto con delincuentes y las detenciones, y por tanto el riesgo para la integridad física de los policías, se producen a diario».

Pero hay más. Los policías judiciales no suelen llevar equipo de transmisión -los walkies, para simplificar- y se comunican a través de sus teléfonos móviles, como sucedió el martes pasado, cuando el compañero de Blas, pese a su estado de conmoción al ver a su subinspector en estado crítico y al delincuente abatido por sus disparos, tuvo que llamar desde su teléfono móvil para pedir una ambulancia y refuerzos urgentes.

«Existen equipos más pequeños y discretos, que se conectan al auricular por bluetooth, pero a Policía Judicial no han llegado. Los pocos que hay, han sido destinados a la Brigada de Información, así que la gente tiene que comunicarse a través de su propio teléfono, salvo los jefes de grupo, que tienen uno oficial, aunque muchos de ellos ni siquiera tienen datos para hablar por Whatsapp, por ejemplo. ¿Es tanto pedir que se cree, por ejemplo, una aplicación de mensajería propia para la policía y totalmente segura, sin que toda la información policial de carácter sensible que se vierte a diario en el sinfín de grupos de trabajo de Whatsapp circule sin control por los servidores de una compañía privada?». Es sólo una de las muchas preguntas que quedan en el aire, y de cómo reaccione a partir del asesinato de Blas en acto de servicio el Ministerio de Interior dependerá que su muerte haya sido totalmente en vano o, por el contrario, que de ella se extraiga alguna enseñanza para que nada parecido vuelva a ocurrir.

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