? El Partido Popular presentó alegaciones al proyecto de decreto y, entre otras cuestiones, denunció que la norma suponía una «clara injerencia» en el libre ejercicio de la ciudadanía a usar cualquiera de las dos lenguas oficiales. El PPCV entiende que el particular no debe estar sometido en cuestiones lingüísticas al control de la Generalitat, sobre todo en el ámbito privado. La diputada popular, Maria José Ferrer San-Segundo, responsable de las alegaciones, también advertía de que la norma invadía competencias de otras administraciones. En su opinión se convertía en una especie de «policía de inmersión» que no respetaba el derecho de los castellanoparlantes.
