Una marcha masiva. Eso es lo que esperan los convocantes de la manifestación por una financiación justa que, como adelantó Levante-EMV, se celebrará el próximo 28 de octubre en València. Los líderes de CC OO y UGT, Arturo León e Ismael Sáez, respectivamente, hicieron ayer un llamamiento a la sociedad valenciana para unirse a la causa, una llamada dirigida con especial énfasis a dos actores: el PP y los empresarios.

Ambos ya han anunciado que no acudirán a la protesta. En el primer caso, Isabel Bonig lo volvió a dejar claro ayer: «No es el momento de pancartas ni manifestaciones», sino de «negociarlo donde hay que negociarlo». La imagen de líderes del PP detrás de un lema reivindicativo frente a Madrid (aún por conocer) acompañando al Consell, sindicatos y restos de partidos, no parece una foto deseable en el Partido Popular valenciano, que quiere evitar más frentes abiertos con Rajoy.

Ya se llevaron una reprimenda desde Génova cuando en abril se sumaron a una declaración institucional en las Corts en la que se mostraban contrarios a las inversiones territoriales. También se unieron a las críticas por los Presupuestos Generales en la Diputación de València. El apoyo a la campaña por una financiación justa se quedará en los despachos.

En el segundo caso, entiende la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) que la protesta se «debilita» y se partidiza si no hay unidad de todas las formaciones políticas. En cuanto el PP se bajó de ella, también lo hizo la CEV.

La ausencia tanto de unos como de otros fue criticada ayer por los sindicalistas. «No es congruente», apuntó León, quien insistió en el carácter «aséptico» del manifiesto que el pasado viernes firmaron los tres agentes, incluida la patronal de los empresarios.

«Salvador Navarro -presidente de la CEV- no ha tenido éxito en su empresa de convencer al PP y le ha dado a los populares el derecho a veto», lamentó Sáez. «Aquí estamos reivindicando lo que nos corresponde, denunciando una realidad que muchos valencianos ignoran», añadió el máximo representante de UGT en la C. Valenciana. «Se trata de trasladar el cabreo, el hartazgo. Una manifestación no supone ninguna alteración del órden público», apostilló.

La ausencia del PP y de la patronal provoca, a jucio de Sáez, que «estemos dejando espacio a los partidos nacionalistas. Tanto PP como PSOE, los partidos estatales, tienen que ser capaces de discernir entre la política de Madrid y la de aquí», apuntó el líder de UGT.

Críticas a Intersindical

A la marcha irá, entre otras entidades, Intersindical Valenciana. Sin embargo, lo hará con manifiesto propio al entender que la patronal «está capitalizando» la protesta. «El interés de los valencianos está por encima de las miserias de los que buscan básicamente propaganda. Nosotros queremos ser un instrumento al servicio de los valencianos, no queremos protagonismo», apuntó Sáez al respecto.

Por su parte, el portavoz de Compromís en las Corts, Fran Ferri, criticó las palabras de la presidenta del PP por desmarcarse de la manifestación.

El síndic pidió a los votantes del PP que «no hagan caso» a Bonig y respalden esta iniciativa para reclamar una financiación justa para la Comunitat Valenciana. «Debemos realizar una gran movilización para dejar bien claro al Gobierno central que los valencianos hemos dicho basta y exigimos de manera urgente una financiación justa». A juicio de Ferri, las palabras de la presidenta del PP muestran su «sumisión» al PP de Madrid.

La C. Valenciana es la peor financiada incluso para el entorno de Montoro

La Comunitat Valenciana es la autonomía que cuenta con el índice de financiación definitiva de competencias homogéneas por habitante ajustado más bajo de toda España. Según el informe titulado «La evolución de la financiación de las comunidades autónomas de régimen común, 2002-2015», elaborado por el director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente (exasesor del ministro Cristóbal Montoro), la C. Valenciana es la quinta autonomía donde más ha caído este índice.

Según el experto de referencia del ministro, la financiación de competencias homogéneas por habitante ajustado presenta diferencias «difícilmente justificables» y que han ido en aumento en los años de la crisis.

Este índice recoge solo los recursos destinados a financiar un conjunto de competencias común a todas las autonomías y uniforme en el tiempo, que incluye la gestión de la sanidad y de la educación pero no otras materias singulares, como instituciones penitenciarias, la policía o la administración de justicia.

En este sentido, si la C. Valenciana se encontraba en 94,0 puntos en 2002, en 2015 se situaba en 92,5. No es la que más pierde, pero sí la que peor financiada se encuentra en estos momentos. Para De la Fuente, «resultan llamativos» los cambios de posición relativa que han experimentado algunos territorios. Así, Baleares ha ganado casi 17 puntos entre un año y otro y Extremadura 7 y Cantabria 5, mientras que Andalucía ha perdido 2,4 puntos y Canarias otros 2,3 puntos. En el año 2002, algunas comunidades como La Rioja y Cantabria disfrutaban de una financiación por habitante ajustado superior en casi veinte puntos al promedio, mientras que la autonomía «peor tratada» era Baleares, diez puntos por debajo. levante-emv/efe valència