La Conselleria de Educación ha iniciado el proceso para rescindir el contrato de construcción de los Colegios públicos de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Severí Torres, de Villanueva de Castellón, y Regina Violant, de Almassora, cuyas obras llevan paradas 12 y 7 meses, respectivamente.

El departamento del conseller Vicent Marzà se niega a aceptar los modificados de obra que reclaman las constructoras y, tras no llegar a un acuerdo con las empresas para resolver el contrato, ha solicitado informes a la Abogacía de la Generalitat y al Consell Jurídic Consultiu (CJC) para rescindir la adjudicación por el incumplimiento de los plazos.

El secretario autonómico de Educación, Miquel Soler, ha confirmado a Levante-EMV que la conselleria «ha llevado los dos casos al Consell Jurídic Consultiu (CJC) de la Generalitat para rescindir los contratos y volver a licitar las obras de nuevo». «Ambas empresas no han cumplido», recalca Soler. «Hicieron ofertas a la baja para conseguir la obra y luego solicitaron modificados de obra injustificados», subraya.

«Tolerancia 0» ante el sobrecoste

Estas dos primeras rescisiones de contratos de centros docentes son una muestra de hasta donde está dispuesto a llevar el tándem Compromís-PSPV su política de «tolerancia cero» ante los sobrecostes. Por nada del mundo Marzà y Soler quieren repetir la experiencia de la empresa pública Ciegsa que creó el Consell del PP para construir colegios y que quebró tras acumular mil millones en modificados y precios hinchados.

En los concursos públicos que ha adjudicado la conselleria, ante la falta de obra pública, todas las empresas presentan plicas que rayan la baja temeraria para hacerse con el contrato. Luego, una vez en marcha la obra, algunas constructoras tratan de introducir modificados para evitar pérdidas.

Educación rechaza cualquier cambio al alza que no esté justificada por sus técnicos, con lo cual las adjudicatarias ralentizan la obra al mínimo. Dejan uno o dos albañiles para evitar sanciones por parar los trabajos o incluso la pérdida del contrato, pues tras 6 meses de inactividad la Administración lo puede rescindir.

La adecuación y ampliación del CEIP Severí Torres consiste en la construcción de 8 aulas de Infantil, 15 de Primaria, un comedor para 250 comensales en dos turnos y un gimnasio. Salió a concurso en abril de 2015 por 4,7 millones (sin IVA). El contrato se adjudicó justo un año después por 3,2 millones, con lo que la baja fue del 31 % (casi un millón y medio de euros menos). El plazo de ejecución es de 18 meses, al igual que en Almassora.

Las obras comenzaron en agosto de 2016, pero dos meses después se frenaron en seco. La adjudicataria exigía un aumento del presupuesto alegando que el proyecto, que data de 2009, estaba desfasado. Educación rechazó tal demanda. Según fuentes del AMPA del colegio la constructora ve insuficiente el 10 % de aumento sobre el presupuesto de licitación que permite la ley de contratos públicos. Un montante que en este caso roza los 470.000 euros.

Desde el ayuntamiento explican que la conselleria comunicó a la empresa la finalización del contrato por incumplimiento de los plazos, aunque la constructora presentó alegaciones. El alcalde de Villanueva de Castellón, Òscar Noguera, estimó que apenas se debe haber ejecutado un ? ? del proyecto y que hay una diferencia entre la cantidad que la empresa reclama para aceptar la resolución del contrato y lo que la conselleria está dispuesta a pagar.

Si, como parece, no hay acuerdo y la empresa recurre al contencioso la rescisión del contrato, la nueva licitación de las obras debe autorizarla el tribunal, lo que alargaría los plazos. No obstante, el alcalde confía en que, si el juzgado lo permite, el colegio podrían volver a salir a concurso en octubre y adjudicarse en enero o febrero.

Once cursos en barracones

El CEIP Regina Violant de Almassora, uno de los 24 centros docentes totalmente en barracones de la Comunitat, acaba de empezar su undécimo curso en aulas provisionales. La obra de este colegio de tres líneas - 9 aulas de Infantil y 18 de Primaria- salió a concurso en marzo de 2015 por 5,7 millones de euros (sin IVA). El contrato se formalizó en enero de 2016 por unos 4,3 millones, casi uno y medio por debajo del precio inicial (-25,4 %).

Las obras no comenzaron hasta finales de junio de 2016. Este pasado marzo, la adjudicataria reclamó un modificado de 1,2 millones para continuar los trabajos, al no considerar suficiente el dinero destinado por la Generalitat en el presupuesto.

Tras esta petición, la conselleria accedió a aprobar un modificado de obra de apenas 32.640 euros, un 2,72 % de los 1,2 millones que reclama la adjudicataria para terminar la obra. La cantidad restante consideran desde Educación que no es justa ni viable.

Ambos colegios son dos de los 36 centros docentes que el Banco Europeo de Inversión (BEI) exige al Consell del Botànic que termine porque fueron financiados en 2008 con un préstamo comunitario que recibió la anterior Generalitat del PP.