La escena de unidad política que a fecha de hoy ya será imposible de lograr en la manifestación contra la infrafinanciación de la Comunitat anunciada para el día 28 sí fructificó ayer para presentar el pacto valenciano contra la violencia de género, un acuerdo en el que están implicados actores políticos, económicos, sociales y universidades, así como entidades feministas.
La cita, calificada de «histórica» por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, congregó en el Centre del Carme al Consell al completo, entidades sociales, así como a representantes de todos los partidos políticos e instituciones, incluido el delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues. Una imagen de consenso que supone una rara avis en un momento en que, en el ecuador de la legislatura, comienzan a visualizarse la fricciones en el seno del tripartito y, sobre todo, a acentuarse el enfrentamiento entre Consell y oposición. El Debate de Política General celebrado la semana pasada es un ejemplo.
El pacto para erradicar la violencia contra la mujer y fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres ha sido impulsado por la vicepresidencia y consellera de Igualdad y se convierte, además, en el primero de estas características que se firma en España. Hay dos antecedentes, Baleares y Asturias, pero que solo se ha circunscrito al ámbito político. La Comunitat se adelanta también al que se prepara en el ámbito estatal.
El pacto contra el machismo contiene, tal como ha venido contando Levante-EMV, 290 compromisos concretos recogidos en cinco líneas estratégicas y su dotación económica (12 millones) estará blindada presupuestariamente: «Es la hora de pasar de las palabras a los hechos», afirmó el presidente Puig, que aseguró que la «igualdad» es el valor fundamental de la acción de Consell.
El plan de choque incluye medidas pioneras como la equiparación de la indemnización de las víctimas de violencia de género a la que perciben los afectados por terrorrismo (75.000 euros), así como otras para sancionar las campañas de publicidad sexistas o restringir la contratación a aquellas empresas que promuevan este tipo de contenidos.
Como indicó Puig, el objetivo es no quedarse en las consecuencias «más extremas» del machismo o, en palabras de la vicepresidenta Oltra, pasar a considerar la violencia de género como un «conflicto social». De ahí, las numerosas medidas en el ámbito de la educación y la sanidad, incluido planes para la reeducación de los maltratadores.
