A falta de 11 días para el referéndum por la autodeterminación de Cataluña, más de 200 profesores de distintas universidades de España han secundado, con su firma, un manifiesto con el que se posicionan en contra de la consulta.

Ocho de estos docentes imparten asignaturas de Derecho Constitucional, Comunicación o Ciencias Políticas en universidades públicas de la Comunitat Valenciana. Entre ellos se encuentran Beatriz Tomás ( Universitat Jaume I, Castelló), Tomás de Domingo (Universitat Miguel Hernández), Victoria Tur Viñes (Universitat de Alicante), Vicente Garrido Mayol, Antonio Bar, Luis Jimena y Antonia del Rey ( Universitat de València). En el escrito, los firmantes plantean que el 1-O será un «momento grave» para el país. Por consiguiente, alzan su voz «en defensa de la democracia española».

«Entendemos que una sociedad civilizada en la Europa del siglo XXI debe basarse en el respeto a las normas, empezando por la Constitución de 1978», se puede leer en el manifiesto.

«Lo que se pretende hacer en Cataluña es ilegal, no tiene encaje en la Constitución», asegura Vicente Garrido, ex presidente del Consell Jurídic Consultiu y profesor de Derecho en la Universitat de València.

Luis Jimena, docente de constitucional en la Universitat de València, añade que «convocar un referéndum para consultar y aclarar debates es constitucional. Es la finalidad de la consulta catalana lo que ha hecho este referéndum ilegal».

El profesor explica que el orden constitucional no prevé el derecho de autodeterminación, por lo que «la acción catalana es una contradicción». Por consiguiente, afirma, el gobierno catalán ha recurrido al «eufemismo» del derecho a decidir.

El profesor apoya el derecho a votar. Sin embargo, cree una contradicción votar «lejos de unos parámetros democráticos introducidos en la Constitución».

El manifiesto explica que «no es preciso ser especialistas en Derecho Constitucional o en Historia Contemporánea para saber que no hay democracia sin sujeción a la ley y que los nacionalismos del siglo XX llevaron al mundo a dos guerras apocalípticas y hundieron a Europa en la barbarie».

No obstante, en el escrito apoyan una intervención «legítima» de la fuerza del Gobierno de España: «Les pedimos que no duden en recurrir a todos los medios constitucionales para salvaguardar las instituciones democráticas».

Lo que se demanda con este llamamiento al Gobierno central es la adhesión al artículo 155 de la Constitución, un «mecanismo de defensa cuando el orden constitucional pretende ser alterado», asegura Jimena.