La guerra que ha declarado la Conselleria de Educación a los sobrecostes en la construcción de colegios no acaba con la rescisión de contratos a las adjudicatarias que reclaman más dinero con modificados de obra injustificados desde el punto de vista técnico, como es el caso de los Colegios de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Severí Torres de Villanueva de Castelló y Regina Violant de Almassora.

El departamento del conseller Vicent Marzà estudia además la posibilidad de modificar los criterios de adjudicación de los contratos para reducir el peso de la oferta económica en los concursos públicos, que actualmente decide el 60 % de la puntuación en los pliegos que saca a licitación la conselleria, frente a la propuesta técnica que representa el 40 %.

El secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, explica que, con los actuales criterios, la presentación de la oferta económica más ventajosa resulta determinante a la hora de lograr un contrato. Es decir, que la mayoría de constructoras que optan a obra pública concursan con plicas a la baja para hacerse con el contrato.

A veces, como en el caso de los CEIP Regina Violant y Severí Torres, tras poner en marcha los trabajos las adjudicatarias reclaman más dinero para seguir con los trabajos. El centro de la Ribera Alta se adjudicó con una baja del 31 % y el de la Plana Alta por un 25,4 % menos del precio de licitación.

«Estamos analizando la normativa básica estatal para ver el margen que tenemos a la hora de variar las puntuaciones en los criterios objetivos económicos y técnicos de las adjudicaciones», detalla Soler. La conselleria quiere pasar del actual 60 % de la oferta económica y el 40 % de la propuesta técnica a una proporción más equilibrada, donde las plicas a la baja no sean tan decisivas y poner coto así los sobrecostes posteriores.

El caso del CEIP Nº 103

Sin ir más lejos, en la licitación del CEIP Nº 103 de València, el único colegio en el Cap i Casal totalmente en barracones, la mitad de las 36 constructoras que optan a esta obra de siete millones de euros sin IVA han presentado ofertas por entre dos millones y un millón y medio menos, lo que supone bajas de entre el 22 y el 28 %.

Otras siete empresas, una de cada cinco aspirantes, se ofrece a hacer la obra por más de dos millones menos al presentar bajas de hasta el 32 %. Sólo cuatro mercantiles optan con una rebaja inferior en un millón de euros al precio de licitación.

Que una oferta económica sea rechazada por ser anormalmente baja no depende del porcentaje de desfase con respecto a la licitación, sino de lo que se aleje por debajo de la plica que se tome por referencia según una compleja fórmula matemática. Es decir, que en los concursos con bajas generalizadas, como por ejemplo el del CEIP 103 donde las 36 ofertas son de media un 23 % inferior al precio de licitación, es más difícil tumbar una por su bajo importe.

En otras autonomías

En otras autonomías, como en Cataluña, no se puntúan las propuestas económicas que son un 25 % inferiores al precio de licitación o que estén 10 puntos porcentuales por debajo de la media de las bajas de todas las ofertas. Es decir que con los pliegos catalanes las adjudicatarias del CEIP Severí Torres y del CEIP Regina Violant nunca habrían logrado los contratos al presentar propuestas económicas un 31 % y un 25,4 % respectivamente por debajo del precio de licitación.

La oferta económica se antepone a la propuesta técnica por dos razones, primero por el principio de economía que debe regir la gestión de los fondos públicos, y segundo porque al ser un criterio evaluable automáticamente a través de fórmulas matemáticas se considera más objetivo al no depender de juicios de valor.