20 de septiembre de 2017
20.09.2017
Sin coche oficial

Un paro de chóferes convierte en ciudadanos de a pie a la mayoría de consellers

Los conductores exigen una mejora en sus condiciones laborales que aseguran que se les prometió en 2015 y no se ha aplicado

20.09.2017 | 21:16

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, y la mayoría de consellers se ven obligados esta semana a desplazarse a pie, en taxi, en metro o en coche particular. Adiós al coche oficial. La razón es que sus chóferes (antes, en los tiempos del PP, eran asesores y ahora es personal del parque móvil de la Generalitat) han secundado el paro promovido por este colectivo para exigir mejoras.

Estas, afirman representantes del sindicato CSI·F, se les prometieron cuando el cambio de gobierno, en 2015, pero no se han cumplido. Y ahora, cuando se está en negociación de cara a las condiciones laborales de 2018, han decidido pasar a la acción. "Después de varios avisos", asegura Julio Tamayo, del citado sindicato.

Los chóferes se acogen a que convertirse en conductor de conseller, con lo que implica de disponibilidad, nocturnidad y trabajo en festivos, es una decisión "voluntaria", en función de un acuerdo antiguo. Y la voluntad de algunos es ahora la de no ponerse al volante de los coches oficiales de los mandatarios de cada departamento. Como medida de presión.

La situación afecta a la mayor parte del Consell, pero no al president, Ximo Puig, ya que los conductores de Presidencia están en otra situación laboral y cobran ya un complemento específico.

Pero por ejemplo, la consellera de Agricultura y Medio Ambiente, Elena Cebrián, ha tenido que pedir un taxi hoy para ir a las Corts (tenía que intervenir en una comisión). Carmen Montón (Sanidad), que también tenía comisión en Corts, ha utilizado el mismo medio de transporte. Y lo mismo ha tenido que hacer el titular de Hacienda, Vicent Soler, que tenía un acto en la Universitat de València. Tampoco tiene conductor oficial el conseller de Economía, Rafael Climent. Y en la misma tesitura está la responsable de Vivienda, María José Salvador, que ha de recurrir al taxi para desplazarse cada día desde su domicilio en la provincia de Castelló.

Los que por ahora no han sufrido los efectos de la medida laboral y continúan teniendo chóferes son los titulares de Educación, Vicent Marzà, la de Justicia y Administración Pública, Gabriela Bravo, y el de Transparencia, Manuel Alcaraz. La explicación es que de los dos conductores para altos cargos de cada departamento, alguno no se ha acogido al paro. ¿Por qué? Según algunas fuentes, porque algunos son interinos y pondrían su puesto en peligro.

La reclamación fundamental del colectivo es pasar de un complemento específico laboral 30 a uno 38, que es bastante, pero no es el 45 del que gozaban los chóferes cuando eran asesores en los mandatos del PP. En dinero, representa un aumento de unos 250 euros al mes, apuntan fuentes sindicales.

La pelota está ahora en manos de la Generalitat, aunque parecen existir ciertas dudas sobre a quién le compete el "marrón". El departamento de Justicia y Administración Pública asegura que este personal depende de cada subsecretaría y que está ejerciendo una función mediadora. Otras conselleries insisten en que el asunto recae plenamente sobre Función Pública.

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