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Informe

Ocho de cada diez casos de abusos sexuales a niños se cierran por falta de pruebas

Un informe de Save the Children revela que el proceso judicial dura una media de 4 años - Las denuncias aumentan un 19 % en un año y suman 652 en 2016

Cuando Patricia descubrió que su hija estaba siendo víctima de abusos sexuales por parte de un familiar acudió a los tribunales. La pequeña tenía 3 años. Ahora tiene 6 y aún no hay sentencia. «La niña se iba con su padre, mi expareja, y ella me contaba que su tío, el hermano de su padre, intentaba hacerle 'cosas' feas. Un día, cuando la duchaba, descubrí unas marcas muy raras en sus partes íntimas. Me dijo que le escocía, algo que no era normal», explica la madre, que denunció el caso. El proceso judicial está abierto más de 3 años y Patricia afirma que la pequeña aún se despierta por las noches con pesadillas. «Está siendo muy duro para mí, pero sobre todo para la niña», afirma.

Este caso no es la excepción. Ni en la Comunitat Valenciana ni en el resto de España. El informe «Ojos que no quieren ver», de Save the Children -que analiza más de 200 sentencias judiciales- asegura que ocho de cada diez casos de abusos sexuales a niños en la Comunitat Valenciana se suspenden por falta de pruebas.

El proceso, además, dura una media de cuatro años donde el menor debe testificar varias veces sin variar el testimonio y sin retractarse lo más mínimo para que éste sea aceptado como válido. Desde la ONG denuncian que la mitad de las víctimas de delitos contra la libertad sexual de la Comunitat Valenciana en 2015 era menor de 13 años.

Además, en procesos donde no suele haber testigos directos, la responsabilidad de dar credibilidad al niño recae en manos de los psicólogos forenses que muchas veces «no usan métodos científicos en el proceso». De hecho, en la Comunitat Valenciana, «no se les exige estar especializados en la atención a menores de edad». Así, la mayoría de procesos judiciales abiertos (un 75,6 %) se suspenden por falta de pruebas que justifiquen la acción de la justicia, una ratio que se sitúa por encima de la media estatal, con un 72,2 %.

Desde la entidad recuerdan el caso de una menor que disparó las alertas (en julio de 2016) por esconderse una grabadora en un calcetín para demostrar que su padre estaba abusando de ella. Su caso había sido sobreseído y la pequeña grabó los abusos para reabrir la investigación y que un juez dejara de obligarla a cumplir con el régimen de visitas. Tras conocerse la noticia, la pregunta era la misma en todos los foros: ¿qué había fallado para que una niña de 9 años se viera obligada a pasar por esa situación?

«Estos sobreseimientos tienen mucho que ver con que para que un testimonio sea válido no tiene que haber retractación ni interés en mentir y debe haber alguna forma de corroborar la declaración. Estas tres condiciones son complicadas de cumplir en el caso de los niños, y mucho más si tenemos en cuenta que más de la mitad son menores de 13 años, que a veces al ver la reacción de los adultos o por no querer enviar al acusado a la cárcel -que suele ser familiar o conocido-, se retractan y, sobre todo, porque es muy complicado que haya testigos del abuso», explica el responsable de Save the Children en la Comunitat Valenciana, Rodrigo Hernández.

«Cuidar» el testimonio

Por ello, desde la entidad aseguran que «cuidar el testimonio del menor» es clave y debe realizarse desde el primer momento. Para ello, la Fiscalía General del Estado recomienda que las declaraciones de la víctima «se tomen lo antes posible, por un profesional cualificado y en presencia del juez instructor, el abogado defensor y el fiscal. Además, deben grabarse como prueba preconstituida para evitar que el niño tenga que declarar años después de sufrir los abusos, revivir el trauma y cargar sobre sus recuerdos la responsabilidad de probar el delito». En los casos investigados por la ONG en la Comunitat Valenciana esta prueba solo se realizó en el 0,19 % de las sentencias.

Para Hernández, es «intolerable que un niño o niña pase una media de siete años entre que se empiezan a producir los abusos y se acaba todo el proceso judicial, cuando, además, el 85 % de los casos permanecen ocultos».

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