CCOO-PV presentó ayer una campaña para reclamar la recuperación del empleo público y defender los derechos laborales, después de que la administración pública valenciana haya perdido 23.000 puestos de trabajo durante la crisis, según los cálculos del sindicato. La campaña «¡Vamos a recuperar lo arrebatado!» se lanza con el objetivo de defender los servicios públicos y los derechos laborales y reivindicar la recuperación del empleo público, así como el poder adquisitivo de estos trabajadores, ya que, según denunció la organización sindical, la pérdida de empleo está repercutiendo en la calidad del servicio.
El sindicato reclama que los Presupuestos Generales del Estado de 2018 incluyan «todo aquello que se ha ido arrebatando al sector público y a su personal» . Pide eliminar la tasa de reposición y ofertas de empleo público ordinarias y extraordinarias.
Según CCOO, durante la crisis el Gobierno ha utilizado los Presupuestos para cuadrar las cuentas «a costa de los servicios públicos y de los derechos de las personas que trabajan en ellos», una política «injusta» e «ineficaz económicamente» que solo ha servido «para consolidar la desigualdad»
El sindicato cree que es momento de que la recuperación económica anunciada varias veces por el Gobierno «revierta» en la ciudadanía y se traduzca «de manera inmediata» en los Presupuestos de 2018 que, a su juicio, deben recoger «una correcta financiación para todas las Administraciones Públicas (estatal, autonómica y local) y empresas públicas afectadas, que garantice «unos servicios de calidad, eficientes y en igualdad de oportunidades para toda la ciudadanía».
En la C. Valenciana se han perdido unos 23.000 puestos de trabajo en las Administraciones Públicas desde 2010, al pasar de más de 244.000 empleados en la Administración estatal en la comunidad, en la Generalitat (sin computar su sector público), en las administraciones locales y en las universidades públicas, a 222.000 personas en enero de 2017, según los datos del sindicato. En la Administración estatal la disminución ha sido de 3.498 puestos; en la Generalitat de 7.591; y en las administraciones locales, de 10.288 puestos.
Dentro de la Generalitat, en el ámbito de la función pública se ha pasado de los casi 13.500 puestos a 12.000 y en el ámbito de las instituciones sanitarias se han perdido más de 8.000. Por el contrario, en docencia no universitaria se produce un descenso acumulado de 2.000 puestos, aunque en el periodo más duro de la crisis llegó a alcanzar unos 4.000. En la justicia hay un ligero incremento de 107.
