El sindicato de prisiones de la Unión General de Trabajadores del País Valencia (UGT-PV) denunció el vacío que existe en la sanidad penitenciaria en comparación con la pública. Entre los hechos más destacados que el gremio manifiesta negativamente, está la falta de coordinación entre la Secretaría General de Prisiones, organismo dependiente del Ministerio del Interior, y la Conselleria de Sanitat a la hora de que el primero facilite los historiales clínicos de los reclusos.

De hecho, según informa el sindicato, el director de la cárcel de Picassent se ha reunido con varios altos cargos sanitarios como el director general de asistencia sanitaria de conselleria, la directora de atención primaria y el gerente del Hospital General y la directora de enfermería del área de Torrent; para conocer la situación dentro del centro penitenciario valenciano. La reclamación sobre las transferencias en materia de Sanidad Penitenciaria de UGT-PV cuenta con el apoyo del Senado y de la Comisión de Sanidad del Parlamento Valenciano.

Uno de los obstáculos que UGT-PV señala es que no se comparte el mismo modelo de historia clínica de conselleria, denominado Abucasis, por la poca predisposición por parte de Instituciones Penitenciarias.

Esta oposición genera problemas en los equipos sanitarios a la hora de acceder a los antecedentes de patologías. Un problema que se acentúa con enfermos psiquiátricos, ya que se aumenta el riesgo por desconocimiento. Esto ocurre tanto cuando el personal médico atiende dentro de la prisión en el departamento de Ingresos, como cuando los pacientes penitenciarios tienen que salir de la cárcel para ser atendidos.

Otro de los contratiempos se genera con pacientes infectados. Un hecho que se acentúa por encontrarse en una institución cerrada, pudiendo ser demasiado tarde para cuando le es detectada la enfermedad al recluso. Esto puede generar que afecte a más personas y a tener que aplicar un protocolo de manera urgente.

Además de estas situaciones, UGT-PV también denuncia la situación en la que se encuentran las madres encarceladas, las cuales pueden cuidar de sus pequeños hasta que cumplan tres años de edad. El problema se genera cuando el niño sale y no tienen ningún historial clínico donde conocer su calendario de vacunas.

El sindicato también reclama más personal, en forma de médicos y auxiliares de enfermería por envejecimiento de la plantilla de la prisión. Según UGT, la mitad de estos trabajadores se jubilarán el próximo año y no hay un recambio, ni tampoco una respuesta clara a las peticiones del sindicato.

La deuda que el Ministerio del Interior tiene con las distintas comunidades autónomas es otra de las peticiones de UGT-PV al comunicar que no solo afecta a la Comunitat Valenciana, sino que pone de ejemplo la Comunidad de Cantabria con un débito de 150.000 euros.