El Instituto Valenciano de Oncología (IVO) ganó ayer tiempo, una prórroga concedida por la Generalitat, para tratar de resolver la crisis que se ha desatado en su seno tras la decisión del centro de renunciar al contrato para la atención de 30.000 pacientes al año, que ya tenía adjudicado provisionalmente. Como publicó Levante-EMV en primicia ayer, el patronato de la Fundación que dirige el IVO decidió una semana atrás renunciar a dicho contrato, valorado en 54 millones al año, durante tres años prorrogables a diez.

Este concurso público ha dividido al patronato de la Fundación, que cuenta con ocho miembros. El presidente, Antonio Llombart, es partidario de firmar ese contrato. Junto a él, votó a favor Antonio Noblejas, director general de EDEM, la escuela de negocios de Juan Roig.

Frente a Antonio Llombart emerge su sobrino y director general, el exconseller de Sanidad con el PP, Manuel Llombart. Es partidario de romper con la Generalitat. Considera el contrato lesivo a los intereses del IVO. Llombart sobrino no pertenece al patronato, pero ´ganó´ esa votación.

Se impuso el bloque formado por cuatro patronos: el abogado Jaime Olleros; Tomás Trénor (IV Marqués del Túria); y los empresarios Vicente Fontestad y Santiago Bauzá. Además hubo dos abstenciones, la de Concepción Sánchez Palomo, secretaria general de la Inspección de Trabajo; y la de Javier Garín Alabau, directivo del ámbito del emprendimiento. Este último, precisamente, dimitió tras la reunión en la que se decidió no firmar.

Ayer era el último día que tenía el IVO para presentar la documentación y hacer definitivo el contrato que el centro tiene adjudicado de forma provisional desde julio. Al filo de las dos de la tarde, el presidente solicitaba formalmente una prórroga para ganar tiempo. Según el comunicado remitido por la institución, se solicita «una prórroga a la administración para seguir trabajando en el acuerdo de la convocatoria de la acción concertada».

El IVO aspira a mejorar las condiciones del contrato. El mayor escollo es la pérdida de la condición de hospital de libre elección. Eso consiste, básicamente, en que el IVO ya no podrá atender a cualquier paciente que entre por su puerta, como ocurría hasta el pasado año, sino que tendrá que esperar al envío de pacientes por parte de los hospitales públicos. Según fuentes del centro, eso ha supuesto un bocado del 40% a su facturación este año, cuando la conselleria ha comenzado a aplicar un control sobre el volumen de trabajo del centro privado.

La Conselleria de Sanidad, en efecto, concedió ayer esa prórroga, diez días naturales a partir de hoy. Pero poco margen de maniobra tiene la administración para introducir cambios. «Estamos en la parte final del procedimiento administrativo. No cabe negociación», reconocen fuentes oficiales.

La conselleria está dispuesta a facilitar el envío de pacientes al IVO. De hecho, aunque ya está aplicando el espíritu de la ley que circunscribe la libre elección solo a los centros públicos, ha establecido mecanismos para facilitar la derivación al IVO si la red pública no puede absorber nuevos pacientes oncológicos en una semana o si lo pide el paciente.

Bajo la lupa de Ribera Salud

Sin embargo, tocar la letra de un contrato ya licitado y adjudicado podría tumbar todo el concurso. Tanto Ribera Salud (a través de las concesionarias de Alzira, Elx y Torrevieja) como la patronal española de entidades privadas Asce tienen recurrida la ley de concertación de servicios sanitarios con entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro. Entienden que limita la libre concurrencia de empresas. Muchas lupas apuntan al IVO.