El aumento de casos de cáncer diagnosticados entre funcionarios de la Ciutat de la Justicia hizo saltar las alarmas a la delegada de prevención de riesgos de Intersindical, Dolores Jiménez en 2013. Aquel año solicitó al comité de seguridad y salud de la Ciutat de la Justícia y al Invassat (Instituto valenciano de seguridad y salud en el trabajo) la elaboración de un «estudio de edificio enfermo en la Ciutat de la Justícia, así como la cuantificación y control de los casos de cáncer en el edificio». Desde entonces ha reclamado en el desierto.
Sus peticiones se resolvieron con unas mediciones de la calidad del aire «referentes a los años 2012 y 2013 de las que, sorprendentemente, se consideran cumplen los mínimos establecidos, pero en las mediciones se observan valores por debajo de los niveles de CO2 y que tampoco es adecuada la humedad, dado que es baja y, aunque la temperatura esté en el límite, estos datos pueden producir riesgo de electricidad estática y conllevar la lipoatrofia (la enfermedad de las oficinas que provoca un hundimiento en muslos y antebrazos)», aseguraba la delegada de Intersindical en uno de los numerosos escritos presentados ante la dirección general de Justicia y el Invassat. Precisamente este último organismo, que depende de la Generalitat, «se negó en rotundo a hacer un estudio previo para la detección del edificio enfermo, tal como recoge la metodología de evaluación del Instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo (que depende del Ministerio de Trabajo)».
Un inspector de trabajo determinó en abril de 2015, tras las mediciones realizadas por una empresa especializada, que «hay que descartar que estemos ante un edificio enfermo. Sin perjuicio de requerir a la dirección general de Justicia nuevos estudios medioambientales y de calidad interior».
Respecto a los casos de cáncer, ni siquiera se ha querido ofrecer una estadística a Intersindical, alegando la protección de datos personales (que no se solicitaban).
