La exalcaldesa de València, Rita Barberá, y su mano derecha, Alfonso Grau, nunca aceptaron aplicar luz y taquígrafos a fundaciones como el Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD) o Fivec (Fundación para la innovación urbana y economía del conocimiento). Los entonces grupos de la oposición (PSPV primero y Compromís después) intentaron, sin éxito, obtener explicaciones públicas sobre la financiación de estas instituciones. Compromís incluso denunció ante la Fiscalía de Valencia la férrea opacidad impuesta sobre las relaciones con las empresas del grupo Laterne, liderado por el fallecido empresario, Vicente Sáez Tormo, que ayudaron a financiar irregularmente la campaña electoral de 2007 de los populares.

Una década después, la Guardia Civil da la clave sobre esta ley del silencio impuesta. Cuatro empresas del grupo de comunicación creado por Sáez Tormo obtuvieron 2,2 millones de euros en apenas cuatro años de cinco fundaciones o instituciones públicas controladas directa o indirectamente por Barberá y Grau, según refleja el último informe del grupo de delitos contra la administración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aportado al Caso Taula.

El CEyD fue el mejor cliente público con el que contaron las empresas creadas por el empresario Vicente Sáez Tormo. Dependía directamente de la alcaldía de València y estaba controlado, por delegación, por Alfonso Grau. Durante cuatro años suscribió contratos por valor de 753.095 euros, según ha recopilado la Guardia Civil. Las cuentas del CEyD de 2006 a 2009 fueron aprobadas en una asamblea celebrada en julio de 2010 sobre la que Rita Barberá no quiso dar ninguna explicación. La Guardia Civil sospecha que muchos de estos contratos escondieron trabajos ficticios. El director del CEyD desde 2003 hasta 2008, el economista y exconcejal de Innovación, Juan Eduardo Santón, ha sido citado a declarar como investigado el próximo 6 de octubre, junto a Alfonso Grau. Santón también presidió Fivec, que suscribió contratos por 198.094 euros con Laterne.

El segundo gran cliente de Laterne Product Council fue Feria València, cuyo patronato presidía Rita Barberá y donde Alfonso Grau ejerció de vicepresidente del Comité Ejecutivo: 741.078,46 millones de euros en cuatro años. La mayoría se firmaron entre el empresario ya fallecido Vicente Sáez Tormo y el entonces presidente del comité ejecutivo de Feria València, Alberto Catalá. Los servicios contratatados consistieron en «asesoramiento de comunicación», a pesar de que Feria València contaba con su propio gabinete de prensa formado por cinco personas, por los que LPC SL cobraba entre 4.500 y 6.500 euros mensuales. También adjudicaron a Laterne la concesión de todos los soportes publicitarios. El juez del Caso Taula, Víctor Gómez, declinaba en un auto conocido esta semana llamar a declarar al expresidente de Feria València, Alberto Catalá, porque «no resulta relevantes para citar» como investigado, «en la medida en que la contratación de Feria Valencia con LPC , reflejada en la información tributaria, no conduce de una manera definida y clara, por el momento, a considerar simulada esa relación comercial aparente», justifica el magistrado.