La Ciutat de la Justícia de València «vive» en una paradoja. El edificio de 114.000 metros cuadrados construido para hacer cumplir el imperio de la ley es el primero en incumplir la normativa de riesgos laborales. Y de manera reiterada, por lo que cabría aplicarle la agravante de reincidente. El estado del edificio y su costoso mantenimiento ha situado a la sede judicial en primera línea informativa tras el incendio registrado el 10 de septiembre que obligó a mantener cerrada la instalación -excepto los juzgados de guardia- durante once días. Doce en el caso de los ocho juzgados directamente afectados por el incendio (todos de primera instancia) que han debido trasladarse a otra zona del edificio.
Trece días después del siniestro, la Conselleria de Justicia aún no ha informado de la causa real sobre el incendio -achacado a una sobrecarga eléctrica-. Y las dudas sobre la idoneidad del mantenimiento del edificio o si funcionaron las medidas de seguridad y prevención de incendios no han dejado de crecer desde el 10 de septiembre. Incógnitas que deberá resolver en las Corts el próximo martes la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, exusuaria del edificio por su condición de fiscal.
El detalle -nada baladí- sobre si funcionó o no la alarma antiincendios es la punta del iceberg del reiterado incumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales en la Ciutat de la Justícia desde su apresurada inauguración el 31 de marzo de 2003, antes de la campaña electoral. La sede judicial acumula una veintena de denuncias por deficiencias e incumplimientos legales, según la recopilación de escritos realizados por el Sindicat de treballadores i treballadors de l'administració de justícia Intersindical. La deficiencia más grave de todas, a la vista del incendio que destruyó el juzgado de primera instancia 3 y afectó gravemente a 27 juzgados más, es la ausencia de la aprobación de «un plan de emergencias con su correspondiente simulacro» que ya se reclamaba en el año 2013, según un escrito de Intersindical al que ha tenido acceso Levante-EMV.
Los simulacros deberían realizarse «al menos una vez al año», en colaboración con bomberos y policía, para «detectar errores y omisiones, habituar a los ocupantes a evacuar el edificio y probar la idoneidad y suficiencia de equipos y medios de comunicación, alarma, señalización y alumbrados especiales y extinción».
La delegada de prevención de Intersindical Justicia, Dolores Jiménez, amenazó en 2013 -y cumplió- con denunciar ante la Fiscalía el reiterado incumplimiento de la legalidad vigente. Pero en casa del herrero, cuchillo de palo. Las diligencias se archivaron y la Ciutat de la Justicia sigue insumisa a la ley. En los dos últimos años, tras el cambio de gobierno en la Generalitat, «se han conseguido avances como la evaluación de riesgos laborales, que nunca se había hecho», explica Jiménez a Levante-EMV. Pero la lista de deficiencias es interminable: las quejas por la climatización (deficiente) del edificio son contínuas, en el servicio de información al ciudadano del Decanato se trabaja a oscuras, los expedientes se acumulan en despachos y pasillos de evacuación (aunque el archivo judicial se ha ampliado), y los trabajadores de éste último espacio trabajan en condiciones deficientes.
