Iban a llegar por miles y había que estar preparados. Huían de la guerra, sin nada y había que darles alojamiento, ropa, comida. El imaginario colectivo diseñó una imagen con miles de refugiados llegando a España cuando la fotografía de un niño muerto en la playa despertó del letargo a una Europa que, hasta ese momento, miraba hacia otro lado. Sin embargo, han llegado con cuentagotas, en grupos de cinco, siete, diecinueve personas.
El compromiso de España era el de reubicar a 17.337 refugiados desde Grecia, Italia, Turquía y Líbano. Eso sí, había «obligación» de acogida para 9.323 refugiados, el resto era un cupo voluntario. Y había fecha: debían llegar antes del 26 de septiembre de 2017.
Sin embargo, Europa solo ha trasladado hasta España a 1.983 refugiados (entre reubicaciones y reasentamientos), a falta de dos días de que se cumpla el plazo. Quedan pues, 7.340 refugiados «de obligado cumplimiento». La Comunitat Valenciana sumó plazas para acoger a 1.400 personas.
Sin embargo, apenas ha llegado un centenar, según estiman las ONG que trabajan en lo que se denomina «primera acogida». ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están ahora los recursos que se ofrecieron hace 2 años, cuando la imagen de un niño muerto en la playa despertó las conciencias de quienes no vivían el drama de los refugiados como propio?
Con la muerte de Aylan, con la imagen de su pequeño cuerpo boca abajo, inerte, empezó un movimiento solidario en todo el mundo que obligó a la Unión Europea a reaccionar. El pequeño de 3 años podía ser el hijo, el sobrino... el vecino de cualquiera. La ciudadanía despertó y empezó a exigirle a sus gobiernos que actuaran ante el drama de miles de familias.
El mensaje era claro: dejarles venir, nosotros les ayudaremos. A partir de ahí, se colapsaron las centralitas de las ONG; los vecinos ofrecieron pisos, habitaciones compartidas, ropa y mantas; los ayuntamientos hicieron lo propio con plazas de albergues y se constituyeron como Ciudades Refugio; y la Generalitat Valenciana firmó un convenio con una naviera para fletar un barco con 1.200 plazas, unificó los recursos públicos y privados y hasta firmó un convenio con las localidades de Lesbos y Eros para agilizar una llegada que se preveía masiva.
Mientras la ciudadanía centraba sus esfuerzos en poner su granito de arena, los estados miembros de la Unión Europea discutían sobre el reparto de las cuotas. Había que atender a 160.000 refugiados. La cifra parecía insuficiente si se tiene en cuenta que cada día llegaban (y llegan) solo a Grecia una media de más de 2.000 personas. Discutieron a la baja las cuotas y se formaron los compromisos que no han cumplido ni los mínimos obligatorios.
La pregunta se repite: ¿Dónde están los recursos que ofrecieron los ciudadanos, los ayuntamientos y las autonomías? ¿Qué ha pasado con ellos? En el caso de la Comunitat Valenciana, el Consell puso a disposición del Ministerio del Interior 600 plazas en albergues, 192 habitaciones en domicilios particulares, 96 pisos y una partida de 600.000 euros para acometer obras en las viviendas o actuaciones similares.
El Gobierno, sin embargo, analizó junto con las ONG estos recursos y los rechazaron en su gran mayoría por no cumplir los requisitos necesarios para las actuaciones de «primera acogida». A día de hoy, la Generalitat Valenciana sigue a la espera de un informe que detalle el porqué de esta decisión tras solicitarlo en diversas ocasiones y por distintas vías.
El Ministerio del Interior guarda silencio. Ni aporta los datos sobre los refugiados que han llegado a la Comunitat Valenciana ni explica qué ha hecho con los recursos que sí cumplían los requisitos, ni aclara si, quienes pusieron a su disposición un piso o una habitación compartida han recibido una llamada para explicarles qué ha pasado. Nada. Silencio.
Quienes sí hablan son las ONG que trabajan con el Gobierno para atender, tanto a los refugiados que envía la UE como a los que, a diario y venidos de todas partes del mundo, tocan a su puerta, desesperados. Para ellos no hay «refugiados de primera y de segunda».
Una de estas entidades es la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y su representante en la Comunitat Valenciana, Jaume Durà, lamenta que haya pasado justo lo que no querían: que la solidaridad que despertó Aylan se tornara algo pasajero por la inoperancia de los gobiernos. «La gente se imaginaba llegadas en masa, era una llamada de emergencia y ofrecieron lo que tenían. Sin embargo, en una fase de primera de acogida no sirve un albergue ni una habitación compartida. Hay que darles estabilidad y cobertura durante un año. Sin embargo, estos recursos sí sirven para la segunda fase que viven los refugiados: la de inclusión, donde la vivienda es clave. Pero esta información no ha llegado a la ciudadanía que, en su día ofreció un piso, nadie le ha comunicado nada y cuando le llamas para ver si puedes disponer de él... Pues ya no puede ser. La gente debe saber ahora que puede seguir ayudando para la segunda fase ofreciendo alquileres económicos o habitaciones compartidas. Los recursos que sí cumplían los requisitos se repartieron según su ubicación. Así, CEAR se ocupó de las de València, Accem de las de Castelló y Cruz Roja de los de Alicante», explica Durà.
De hecho, el informe anual de CEAR centra el foco en la fase de inclusión ya que la fase de acogida está más o menos cubierta entre las 410 plazas de los cuatro CAR que gestiona el Ministerio (uno de ellos, en Mislata) y las cerca de 8.000 que gestionan las ONG este año tras incrementar cada año el número de plazas. La ola solidaria, sin embargo, ha reducido su intensidad al mínimo. Otros Aylanes siguen muriendo a diario mientras quienes ofrecieron sus pisos hace dos años siguen sin saber porqué no llegan los refugiados en masa, como habían imaginado, si la actualidad señala cada día a 50.000 personas atrapadas en las fronteras, sin salida ni futuro.
