La batalla de la dirección general del IVO, en manos del exconseller de Sanidad del PP Manuel Llombart, para evitar la firma del nuevo contrato con la Generalitat sobre atención de enfermos oncológicos, encontró ayer un nuevo actor, un viejo conocido, en realidad. La empresa Ribera Salud, que gestiona en régimen de concesión varios departamentos de salud de la Comunitat Valenciana y en guerra con una Administración autonómica que quiere revertir sus hospitales a la red pública, anuncia que recurrirá el contrato con el Instituto Valenciano de Oncología si éste se llega a firmar. «Los servicios jurídicos de Ribera Salud ya están trabajando para recurrir este y cualquier otro concurso en que se detecten irregularidades», señaló un portavoz de la empresa a este diario.

Esas supuestas irregularidades apuntadas por Manuel Llombart en su pugna con el presidente del patronato del IVO, su tío Antonio Llombart, y también por Ribera Salud se refieren a dos informes, uno de la Abogacía de la Generalitat y otro de la Intervención de la Administración autonómica, que cuestionan la forma jurídica que ha empleado la conselleria que dirige la socialista Carmen Montón para licitar la atención a pacientes oncológicos. Se trata de una «acción concertada», una figura que los dos órganos de control entienden que no es válida para este tipo de servicios, al que se ajustaría más un contrato administrativo típico, de libre concurrencia. En palabras de Ribera Salud, las anomalías son «escandalosas».

La dirección del IVO, y también cuatro de los ocho miembros del patronato de su Fundación, se han aferrado a estos dos informes para frenar la formalización de este contrato, una firma que se debió haber producido el viernes pasado y que ahora está pendiente de una prórroga de diez días naturales. Paradójicamente, no quieren atar un contrato de 54 millones al año con el que es su único cliente. Como adelantó Levante-EMV, el órgano rector (con la posición en contra de su presidente, Antonio Llombart, tío del gerente Manuel Llombart) votó hace nueve días paralizar el proceso de adjudicación del contrato. Desde el entorno del director general se asegura que no se quiere ser «cómplice» de una tramitación mal hecha por la Generalitat, y que cualquier actor de la sanidad privada -Ribera Salud ya se ofrece- puede reventar el contrato con un simple recurso judicial.

Aseguran, además, que no han sido conscientes hasta hace unos días de la existencia de estos informes. Desde la administración, por su parte, se ve este cambio de opinión como una «guerra sucia» por parte de la dirección del IVO. Entienden que, en caso de estar mal planteado, el problema sería únicamente para la Generalitat. Y que están utilizando estos informes (cuyas salvedades consideran enmendadas en el pliego de condiciones) para presionar a la conselleria a cambiar los pliegos del contrato. Y es que la queja fundamental del gerente del IVO es que la institución pierde la condición de libre elección de la que gozaba, es decir, que ya no puede atender a cualquier paciente que así lo desee, sino solo a los que le remite la red pública. Esto ha supuesto un bocado muy elevado (del 40%) a la facturación del centro desde que expiró el contrato anterior, el 31 de diciembre pasado.

En este contexto de guerra entre el IVO y la conselleria (con Montón muy beligerante con el régimen de gestión privada que asiste al sistema público), Ribera Salud tercia con un recurso que termina de apuntillar el contrato.

Más político que estratégico

La firma que dirige Alberto de Rosa pedía precisamente ayer una prórroga a la reversión del área de la Ribera, prevista para el 1 de abril de 2018. La decisión de Ribera de intervenir contra el contrato del IVO, un operador oncológico con el que no compite directamente, parece más «política» que «estratégica». Aunque fuentes del sector especulaban ayer con que la alternativa al contrato 'fallido' con el IVO pudiera ser un concurso por lotes, que sí abriría más la competencia.

De todos modos, el grupo Ribera Salud, a través de sus tres concesionarias en Alzira, Elx y Torrevieja) ya había recurrido a los tribunales la ley de concertación de servicios sanitarios con entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro. Entienden que limita la libre concurrencia de empresas. También la patronal de empresas de sanidad privada Aspe se opone a una norma creada por el Consell para llegar a este acuerdo con el IVO.

Así las cosas, está por ver si la conselleria da marcha atrás y replantea el concurso o sigue adelante, aunque fuentes conocedoras del caso señalan que en la fase actual del proceso no se puede tocar una coma del texto. Lo que es probable es que la mayoría del patronato gane argumentos con este recurso para mantener su órdago contra la conselleria. Con el recurso, Alberto de Rosa se convierte en aliado circunstancial de Llombart en la guerra de los gestores sanitarios privados contra el gobierno tripartito de la Generalitat.