El expresidente balear Jaume Matas ordenó contratar sin concurso y con urgencia al arquitecto Santiago Calatrava para diseñar un palacio de la ópera, según han testificado un exconseller y cuatro funcionarios en el juicio contra él por prevaricación y tráfico de influencias que ha comenzado hoy.

"Era el único" arquitecto prestigioso con formación de ingeniero capacitado para proyectar la reordenación del Muelle Viejo de Palma que incluía el edificio de la ópera, ha argumentado en su declaración el acusado, que se enfrenta a una petición de pena de 1 año y 3 meses de cárcel.

El exministro de Medio Ambiente solo ha asumido la decisión de elegir al arquitecto valenciano, pero se ha declarado absoluto desconocedor del proceso administrativo que se siguió para contratarle.

Sin embargo, los cinco testigos interrogados después han expuesto que el procedimiento seguido se amoldó a la orden taxativa de Matas, ejecutada a principios de 2007 por el exconseller de Educación y Cultura Francesc Fiol, quien ha contradicho al expresidente al afirmar que fue él quien le indicó que gestionara el contrato con Calatrava a través de la empresa pública Ibisec y le señaló incluso que el precio del encargo rondaría el millón de euros.

El que fuera secretario general de la Conselleria bajo la dirección de Fiol, Sebastià Vanrell, ha detallado que, para cumplir el mandato del presidente, en el texto del acuerdo que redactó para que el Consell de Govern aprobara a finales de marzo de 2007 el encargo de un anteproyecto de reordenación de la bahía de Palma, con edificio de artes escénicas incluido, incluyó unos párrafos copiados de la entrada de la Wikipedia sobre Calatrava.

Así, el acuerdo del ejecutivo planteaba que el arquitecto adjudicatario del encargo debía tener un perfil que coincidía exactamente con las características del valenciano, como corroboraron en sendos informes justificativos de la elección una arquitecta del Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (Ibisec) y otro de la Conselleria de Presidencia.

Estos funcionarios han manifestado hoy al tribunal de la Audiencia que la descripción era inequívoca, pero que es falso que solo Calatrava pudiera asumir un anteproyecto como el que le encargó el Govern, que pagó por el diseño y la posesión temporal de las maquetas 1,2 millones de euros.

Los arquitectos y una funcionaria que ejercía de secretaria del consejo del Ibisec han relatado que fueron llamados a una reunión con Fiol en la que se les presionó para que validaran la fórmula de contratación directa elegida para el encargo del diseño de la reordenación del Muelle Viejo y la construcción de la ópera, un encuentro tenso a mediados del mes de abril en el que les urgió a dar su visto bueno porque el anteproyecto tenía que presentarse antes de las elecciones del 27 de mayo de 2007.

De hecho, el acto de presentación organizado por el Govern de Matas fue suspendido por la Junta Electoral por entender que favorecía la campaña del PP.

El expresidente balear, que en las dos semanas pasadas fue juzgado por la pieza del caso Palma Arena referida a la contratación de los arquitectos del velódromo que da nombre a la macrocausa, ha vuelto a plantear, como en los otros casos juzgados, que sus funciones estaban lejos de los detalles de tramitación de los contratos, que a él solo correspondían las decisiones políticas.

En este marco ha situado su elección de Calatrava, "alguien que es capaz de poner el nombre de la ciudad de Palma en todo el mundo" con un edificio emblemático y una reorganización de "toda la primera línea de la bahía".

Matas ha defendido el valor del anteproyecto, cuya "propiedad intelectual" compró la comunidad autónoma, que lo podría llevar a cabo "hoy".

También ha utilizado este argumento Fiol, que estuvo imputado pero finalmente no ha sido acusado en este proceso, quien además de defender el "interés público" del proyecto ha justificado la premura en su tramitación para presentarlo a los electores dentro de la "hoja de servicios" del Govern de Matas. "Esto es el hábitat de la política", ha dicho.

El exconseller ha negado que coaccionara a los funcionarios para incumplir la ley, puesto que considera ajustado a derecho un proceso que estuvo avalado por diversos informes internos y externos. Sí ha reconocido "algún nivel de tensión" con sus subordinados y que requirió "un informe que se acomodará a lo que quería el Govern".