«Estamos preparados». Este el mensaje que quiso transmitir ayer la consellera de Sanidad, Carmen Montón, ante el eventual escenario, cada día más posible, de que finalmente no haya acuerdo y el Instituto Valenciano de Oncología (IVO), institución decana en el tratamiento especializado de la enfermedad en la Comunitat Valenciana, se descuelgue de 40 años de colaboración pública.
Montón quiso hacer ayer una demostración de fuerza y, pese a mantener la mano tendida a los responsables de la fundación privada, insistió en que sería factible asumir los pacientes oncológicos que hoy en día son derivados para su atención al IVO, unos 4.500 en los últimos años de concierto con la fundación, cerca de la mitad teniendo en cuenta el actual flujo que ha quedado mermado sin el paraguas de un acuerdo legal.
Sería el plan B de la Conselleria de Sanidadante la crisis planteada en el seno del patronato de la fundación y en el caso de que este órgano rector votara de nuevo que no se va a firmar el contrato para hacerse cargo de la asistencia oncológica.
La administración presentó los pliegos por la vía de la acción concertada para «mantener» la relación que se venía teniendo con la institución. Es, precisamente, la forma elegida, a lo que ahora se acoge parte del patronato para poner en duda el acuerdo que coarta también la libertad que tenía el IVO de decidir a quién tratar y por cuánto tiempo.
Tras la reunión que Montón mantuvo ayer con gerentes de los principales departamentos de salud y los responsables de Oncología de los mayores hospitales, se trasladó un mensaje: No solo sería posible atender a todos los pacientes oncológicos sin necesidad de mantener al IVO en la red pública sino que se haría «con calidad». Así lo manifestaron ayer dos de los principales oncólogos valencianos de la pública: los jefes de Servicio del Clínico y del General de València: Ana Lluch y Carlos Camps.
«Los hospitales de la Comunitat Valenciana estamos preparados para atender a los pacientes», aseguró Lluch, posición que refrendó Camps al apuntar que tras una «reorganización y optimización» de los flujos de pacientes, la atención sería «de la mayor calidad» y con toda la tecnología «necesaria». Fue una primera reunión para valorar el impacto inicial que aún se tendría que cuantificar pero en la que ya se habló de cifras. El contrato de acción concertada planteado para mantener al IVO dentro del sistema habla de la atención de 30.000 pacientes anuales con un coste previsto de 53,7 millones de euros.
200 derivaciones al mes
Sin embargo, no se trata de pacientes nuevos sino que la cifra engloba ya a aquellas personas que en su día fueron atendidas en el IVO y que siguen acudiendo allí a revisiones, por ejemplo.
Restando este gran bloque, y según informes internos de la Conselleria de Sanidad, el flujo de nuevos pacientes derivados es de 4.500 en los últimos años en los que había un concierto firmado entre ambas administraciones. La cifra, este año, quedará prácticamente en la mitad.
Según se expuso ayer en la reunión entre Montón y los profesionales, la sanidad pública estaba derivando al IVO unos 200 pacientes al mes: hasta septiembre se habían contabilizado unos 2.000. El motivo de la bajada -criticada duramente por los responsables del IVO- es la falta de un marco normativo que ampare estos tratamientos desde principios de enero y la consecuente decisión de los departamentos de salud bajo concesión privada (la Ribera, Dénia, Elx, Torrevieja y Manises) de no requerir los servicios externos del IVO, cuya factura ahora deben de asumir directamente.
Con estas cifras, los profesionales de la pública apuestan mayoritariamente por prescindir de la vinculación con el IVO ya que los servicios oncológicos de los centros públicos ya pueden competir con la especialización de la fundación privada y, en los casos más complicados se cuenta con centros de referencia.
