El pleno de las Corts ha aprobado esta mañana con el voto en contra del PP el dictamen de la comisión de investigación de las residencias de mayores en concreto las del grupo Savia en los tiempos del Consell popular. El PP ha presentado un dictamen alternativo ya que insiste en que el mismo modelo se mantiene ahora con la gestión de Mónica Oltra al frente de la conselleria de Igualdad y que la fiscalía ha archivado las cuestiones relacionadas con esta comisión.
El escrito recoge que en la gestión popular se produjeron múltiples irregularidades, tratos de favor y ventajas competitivas a empresas, entre ellas las de la familia Cotino. Señala que el plan surge del entorno de la confianza del entonces conseller Blasco y que todos aquellos que intervinieron en su tramitación apuntaron a que se trataba de la «joya de la corona» de la Conselleria de Bienestar Social.
Añade que el pliego del contrato administrativo especial limitó, por sus estrictas exigencias tanto técnicas como de certificación y plazos, la libre concurrencia de las empresas del sector por lo que hubo un auténtico trato de favor en la ejecución de dicho contrato.
Las principales conclusiones del dictamen son las siguientes:
El 85 % de las residencias finalmente construidas se abrieron fuera de plazo, con años de retraso. Ninguna se sancionó por ello.
De los 20 centros del grupo Savia solo 1 se construyó dentro del plazo previsto en el pliego.
Inicialmente se adjudicaron 73 residencias y 9.000 plazas. De las cuales solo se construyen 52 centros con un total de 6.596 plazas. El plan aprobado por el Consell nunca se cumplió.
Resultaron adjudicatarias 12 empresas. El 71 % de las adjudicaciones se concentraron en tres empresas, cuyo nexo era el estar participadas por empresas constructoras que habitualmente trabajaban para la administración valenciana.
La principal empresa adjudicataria, Gerocentros del Mediterráneo, SL -posteriormente Centros Residenciales Savia, SL- vinculada a la familia Cotino, que llegó a poseer el 39 % del accionariado de la misma, resultó beneficiaria del 40 % de los centros. Dicha mercantil, creada en el año 2.000, estaba integrada entre otras por: Enrique Ortiz, Sedesa, Lubasa, Cyes, Ballester, Ecisa y G&C, constructoras todas ellas vinculadas a obra pública y sin experiencia en el sector.
El Informe Blasco supuso una auténtica modificación del contrato. Según informe de la Abogacía de la Generalitat Valenciana: «un fraude a las bases de licitación».
El Informe Blasco benefició claramente a las empresas, que se acogieron al mismo para exigir el concierto del 100 % de las plazas de residencia, cuando el pliego original solamente se circunscribía a un tercio..El Informe Blasco no contaba con la dotación presupuestaria necesaria para hacer frente a la pretendida exclusividad del 100 %.
El Informe Blasco fue un documento fantasma que nadie conoció hasta 2006, a excepción de la UTE Gerocentros del Mediterráneo, SL (empresa participada por la familia Cotino), a quien le fue comunicado extraoficialmente por la secretaria general administrativa.
El nombramiento por Francisco Camps de Juan Cotino como conseller de Bienestar Social fue esencial para ampliar el negocio empresarial. Su impulso fue decisivo para ejecutar la exclusividad hasta el 100 % de las plazas que le exigían las empresas adjudicatarias.
La Orden de 5.12.2007 dictada por el exconseller Juan Cotino concedió auténticos privilegios a las adjudicatarias. Modificó el objeto del contrato: reconoce la exclusividad del concierto hasta el 100 % de las plazas y abre la puerta a una subida de precios que después se ejecutó. Las empresas la califican como «espléndida».
El pleno del Consell de 25 de enero de 2008 aprobó las propuestas presentadas, fuera del orden del día, de los exconsellers Juan Cotino y Gerardo Camps, que no contaban con los informes preceptivos. La oposición en su día solicitó en diversas ocasiones el acuerdo plenario sin que les fuera remitido hasta diez meses después. Contiene opacos acuerdos que servirían para equiparar a estos centros privados como públicos a efectos presupuestarios y además sirvieron de base para ejecutar la financiación del 100 % de las plazas construidas.
El siguiente paso del señor Cotino para consolidar el negocio de las mercantiles, entre ellas la de su familia, es la firma de los acuerdos de 26 de febrero de 2008 y 31 de octubre de 2008, que contienen dos compromisos: concierto de 4.353 plazas nuevas en tres años y posibilidad de incrementar el precio/plaza /día.
Para completar su propósito de beneficiar a las residencias de accesibilidad social, el subsecretario de la Conselleria de Bienestar Social, sobre quien el conseller delega las competencias, resuelve la adjudicación de nuevas plazas concertadas por procedimiento negociado y sin publicidad.
Las primeras de estas adjudicaciones son de fecha 29 y 30 de mayo y 2 de junio de 2009. Incrementaron en 1.856 el número de nuevas plazas concertadas, de las que 758 corresponden al grupo Savia (40 %) y eleva el precio/plaza/día a 58 euros. Son las llamadas «plazas del segundo tercio». La publicación obligatoria en el DOCV no se produjo hasta el 5 de octubre de 2009, 125 días después, sobrepasando con mucho el plazo legal establecido. Un mes antes de la publicación el exconseller Cotino cambió de conselleria.
El director general de la Abogacía calificó el Acuerdo de 31 de octubre de 2008 como: «extraño documento [?] por el hecho de vagar por el éter al margen de los archivos propios de la administración [?] que obraba en poder de los adjudicatarios, quienes nos lo han facilitado». Y añade: «consideramos que ese convenio [?] se pactó al margen de cualquier procedimiento administrativo tramitado por la conselleria».
La demanda interpuesta por el grupo Savia contra la revisión del IPC de la conselleria dará como resultado el incremento de más de 2,5 euros/plaza/día en los centros de esta mercantil por encima del resto de las empresas de accesibilidad. Ejemplo: en 2010 el coste anual de una plaza en Savia era de 18.549 euros, mientras que el coste en Gerianna era de 15.140 euros. La sentencia favorable a la demanda del grupo Savia sólo se aplicó a dicho grupo, con efectos retroactivos desde el año 2004, y no fue recurrida por la conselleria. Este hecho ha supuesto un incremento millonario en la facturación del grupo Savia.
Siendo consellera Alicia de Miguel, se procedió al pago de las cantidades obligadas por la Sentencia 417/2007, que engloba las anualidades 2004 a 2007, en un plazo récord de veinte días desde su notificación. En marzo de 2007 se dicta la resolución para el restablecimiento del reequilibrio económico, que vuelve a incrementar el precio plaza/día de las residencias de accesibilidad.
Las nuevas plazas que se conciertan a partir del acuerdo del 31 de octubre de 2008 firmado por el señor Cotino, que conforman el segundo tercio, se pagan a un precio todavía superior al estipulado en el punto anterior. El coste es de 56,38 euros/plaza/día frente a los 41,48 euros/plaza/día en Gerianna del primer tercio. La gestión de Cotino hizo que para la misma atención se paguen diferencias de hasta 15 euros/día según si son de un tercio u otro.
Pese a que en julio de 2007 Cotino vende sus acciones en Sedesa y, por tanto, se deshace de su parte en Savia, sigue existiendo una vinculación de parentesco de segundo y tercer grado con el grupo Savia, por lo cual debería haberse abstenido en todo el procedimiento de accesibilidad y en lo relativo a los intereses de esta mercantil.
En 2009 Cotino cesa como conseller de Bienestar y es nombrado conseller de Medio Ambiente, con lo cual realiza una nueva declaración de bienes. En enero de 2010 el señor Cotino ordena retirar dicha documentación del registro de altos cargos sin que quede debidamente justificado que aportara nuevamente la documentación.
El BOC, en febrero de 2010, publicará la declaración de bienes del señor Cotino de 2009, en la que se evidencia que Cotino sigue vinculado a empresas que tienen entre su objeto social la compra y venta de residencias de la tercera edad. Hecho que el señor Cotino trató de ocultar hasta el punto de retirar documentación.
Los miembros de esta comisión reclaman a la Generalitat Valenciana que se estudien las responsabilidades de cualquier índole que puedan derivarse de las acciones del señor Cotino.
En dos años las residencias de la familia Cotino pasan de facturar 11 millones de euros a 40 millones de euros gracias a las acciones del exconseller.
Durante el periodo en el que ejerce Angélica Such como consellera de Bienestar Social siendo Juan Cotino vicepresidente tercero del Consell, se continuó con la política iniciada por el anterior conseller mediante la adjudicación de plazas de residencia en procedimientos negociados sin publicidad.
Angélica Such mantuvo el aumento de los precios realizados por su antecesor, de lo cual da fe en una respuesta parlamentaria del 22 de febrero de 2010.
En la etapa en la que se fusionan Justicia y Bienestar Social, en un momento dado se da prioridad a los pagos del grupo Savia por delante incluso de dependientes, hecho que verifica el exconseller Cabré cuando comparece en la comisión.
La Resolución 26/2012, del secretario autonómico, ante la insatisfacción manifiesta y las demandas interpuestas por las empresas de accesibilidad social que pretendían máxima exclusividad y derechos por encima de sistemas como el de bono residencia, desestima las solicitudes de los concesionarios. Ello provocará la interposición de un nuevo recurso por parte de las adjudicatarias.
El 25 de octubre de 2012, ocho meses después, la Conselleria de Justicia y Bienestar Social dicta una orden en la que reconoce la obligación de concertar dos tercios de las plazas. Se cambia de criterio respecto a la resolución anterior y a la cláusula de exclusividad debido a las presiones de las empresas de accesibilidad social.
Según altos cargos de la conselleria que comparecen en la comisión de investigación, a consecuencia de la Ley 14/2013, ley de apoyo a los emprendedores, se inicia la revisión de oficio de disposiciones y actos relacionados con el contrato administrativo especial de atención a personas mayores en residencias de accesibilidad. En este extremo la conselleria solicita informe a la Abogacía de la Generalitat, a la Junta Superior de Contratación y al Consell Jurídic Consultiu. Carlos Precioso, secretario autonómico en ese momento, dirá en comparecencia en Les Corts que la reversión del Modelo Cotino és inminente. Queda patente la intención de la conselleria de acabar con este modelo.
Para los ponentes del presente dictamen, no fue la ley de emprendedores, publicada con anterioridad, sino la presión pública y de la oposición política ante la aparición en los medios de comunicación de las conversaciones interceptadas por la UDEF que tienen lugar en el 2009 y que se dan a conocer en el 2014, lo que origina finalmente la revisión de oficio.
Preguntados en la comisión de investigación por las grabaciones de la UDEF, ni el señor Arturo Alario ni el señor Vicente Cotino ni tampoco el señor Ortiz niegan la veracidad y autoría de dichas conversaciones. En ellas se evidencia el alto nivel de influencia del grupo Savia ante los altos cargos de la conselleria para conseguir llenar sus plazas de residencia.
La financiación ilegal al Partido Popular fue reconocida en la comisión de investigación por el señor Ortiz y negada en primera instancia por el señor Vicente Cotino, quien posteriormente, en sede judicial y ante una rebaja de la pena, sí admite dicha financiación irregular y, por lo tanto, miente a los miembros de la comisión de investigación de Les Corts.
El contundente informe del director general de la Abogacía de la Generalitat que se elabora a tenor de la revisión de oficio pone de manifiesto las diversas ilegalidades que se cometieron en la ejecución del Modelo Cotino.
A pesar de que la reversión del Modelo Cotino se daba por hecha tanto por parte de los medios de comunicación como por parte de la conselleria, el dictamen del Consell Jurídic Consultiu concluye que no procede ejercer la revisión de oficio. Dicho dictamen contó con el voto particular de la consejera Margarita Soler disintiendo de la fundamentación jurídica del dictamen y sus conclusiones.
Enrique Fliquete actuó como ponente del dictamen del CJC. Obran poderes por los cuales el señor Fliquete actuó como abogado de la mercantil Cuatrecases, quien a su vez era la defensora de las empresas de accesibilidad social en las múltiples causas que estas tenían con la administración pública. Cabía esperar una abstención del señor Fliquete al elaborar y votar dicho informe.
Se comprueban, una vez estudiadas las actas de inspección de la conselleria, graves irregularidades en los centros residenciales que afectan a incumplimientos en el pliego, en especial en lo referido a personal, así como deficiencias que afectaban a la atención recibida por las personas mayores y a su seguridad y que se mantenían en el tiempo. Infracciones graves, que podían llevar aparejado, además de una sanción económica, el cierre del establecimiento, no fueron tramitadas por la conselleria.
Respecto a la residencia de Xàtiva, acompaña un detallado informe en el cual se especifican las irregularidades observadas en la tramitación de su expediente, en la obtención de terrenos municipales y en el presunto cobro de comisiones que actualmente se investiga en sede judicial.
