Jornada de infarto en los despachos oficiales y del Instituto Valenciano de Oncología (IVO). Presidencia de la Generalitat y la Conselleria de Sanidad pusieron ayer en marcha toda la maquinaria de la administración para tratar de convencer a los patronos que se opusieron hace dos semanas a firmar el nuevo contrato que vincula al hospital oncológico con el sistema público.
Y todo a 24 horas de la reunión que esta tarde a las seis ha convocado el patronato para decidir si asume o no la la atención integral de 30.000 pacientes a cambio de 54 millones por la vía de la «acción concertada».
Un informe de la Abogacía de la Generalitat, pedido de urgencia a primera hora de ayer por la consellera de Sanidad, Carmen Montón, despeja las dudas jurídicas que desplegaba un primer informe, del pasado 22 de mayo, y que motivó que una mayoría de cuatro patronos decidiera renunciar al contrato. En él se ponía en duda que Sanidad hubiera elegido la vía de la acción concertada -una nueva figura jurídica- y no un contrato de servicios clásico para concertar el servicio oncológico.
«Tras las modificaciones operadas en el proyecto que fue objeto del primer informe de esta Abogacía de 22 de mayo, [...] la convocatoria definitiva publicada en el DOCV se enmarca en los parámetros normativos, legales y reglamentarios, [...] pudiendo suscribirse mediante acuerdo de acción concertada con entidades privadas sin animo de lucro».
Este segundo informe, firmado por la directora general de la Abogacía, María José Rodríguez, matiza el elaborado por Luis Manent Alonso, letrado que está bajo su dirección y adscrito a la conselleria. Ese primer documento era el principal argumento que sostenía Manuel Llombart, director general del IVO y exconseller de Sanidad con el PP, para defender el rechazo a la firma del contrato.
Sin responsabilidad del patrono
Con este segundo informe, redactado ayer, la conselleria confía en disipar la duda jurídica sobre la legalidad y abre la puerta a que el patronato debata esta tarde cambiar su posición. De hecho, el documento cerrado ayer exime también a los patronos de las responsabilidades en que pudieran incurrir ante «una eventual nulidad». Y es que operadores privados como Ribera Salud han anunciado que recurrirán la convocatoria.
El informe, según ha sabido este diario, reconoce la dificultad a la que se enfrenta el jurista para discernir entre concurso administrativo convencional y acción concertada, una figura jurídica nueva, de la que no existe legislación estatal ni jurisprudencia al haber sido directamente transpuesta de la normativa europea.
En este sentido, la jurista concreta que la diferencia entre una y otra opción está en el nivel de implicación directa de la administración y que, en este caso, el hecho de que el IVO no pudiera seguir eligiendo a sus pacientes podría considerarse más como una intervención directa a modo de contrato de servicios que como un fomento de una acción social que es lo que busca la acción concertada.
En el informe se concluye que la derivación viene marcada por la falta de libertad de los pacientes a elegir centro (por el decreto firmado en su día por Manuel Llombart), pero este trámite no es óbice para que las derivaciones sean propuestas directamente por los pacientes e incluso por la propia institución, si firma el contrato. Estas salvedades allanarían el camino a los responsables del IVO que temían perder flujo de pacientes y capacidad de decisión con el nuevo contrato.
Está por ver, en todo caso, si el informe es suficiente para deshacer la resistencia del bloque formado por el gerente Manuel Llombart, y los cuatro patronos que apoyan su posición. Como se reconoce pública y privadamente, el gran escollo es no contar con esa condición de centro de libre elección, que este año les ha supuesto un recorte sustancial de ingresos. En este sentido, exigen garantías por escrito de que el cambio de relación no será perjudicial para el centro.
Encuentros sin Montón
La vía jurídica no fue la única en la que se empleó a fondo la administración. La alarma social generada por el asunto, que afecta a un tema tan sensible como el cáncer, motivó que el jefe del Consell se involucrara personalmente para tratar de resolver la situación. Durante la mañana y primera hora de la tarde citó en el Palau de la Generalitat a dos de los patronos contrarios a la firma: el abogado Tomás Trénor, IV Marqués del Túria, y el empresario citrícola Vicente Fontestad.
Unas reuniones en las que no participó la consellera de Sanidad, con la que se habían encallado las relaciones tras meses de debate sobre este contrato. Desde el entorno de Manuel Llombart, director general del IVO, la convocatoria fue criticada como una medida de presión a 24 horas de la reunión del patronato.
