Medio millar de personas, en su mayoría policías nacionales y guardias civiles, pero también familiares, se concentraron ayer ante la Delegación del Gobierno, en València, convocados por la asociación Jusapol, para reivindicar la equiparación de sueldos de la Guardia Civil y la Policía Nacional con los de las policías autonómicas, principalmente los Mossos d´Esquadra y la Ertzaintza.
La organización, que nació en Palencia tras una conversación entre dos policías nacionales en un coche patrulla hace apenas dos meses, ha logrado ya 8.000 asociados en todo el territorio nacional y, según su presidente en València, Didier Dube, «sólo busca la equiparación salarial de la Policía Nacional y de la Guardia Civil con las policías autonómicas, sobre todo las que tienen las mismas competencias o menos incluso, que nosotros, pero también con las policías locales. Una vez que consigamos ese objetivo, la asociación se disolverá».
Durante la concentración a las puertas de la Delegación del Gobierno, acto que tuvo su réplica en las principales ciudades de toda España, se explicó públicamente cuáles son los objetivos de Jusapol. Dube aseguró que no buscan la reducción del sueldo de mossos, ertzainas, policías de la generalitat o locales, pues consideran justo el dinero percibido por los «derechos ciudadanos que aseguran con su labor». Lo que se pretende desde esta organización, donde Guardia Civil y Policía Nacional van de la mano, es elevar su sueldo hasta que este se alcance el mismo nivel que el del resto de policías, algunos de cuyos agentes cobran una media de 700 euros más al mes que un policía nacional o un guardia civil.
«Un policía nacional recién salido cobra un sueldo que no llega a los 1.500 euros mensuales, mientras que el sueldo de un mosso en las mismas condiciones es de 2.100 euros, 2.400 tras la última subida. Esto supone una brecha salarial de casi mil euros», aseguran desde Jusapol. «No cobramos horas extras, días festivos ni juicios. Nos sentimos maltratados», añaden.
En la concentración, Jusapol reivindicó el «papel fundamental» de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que, «como funcionarios públicos vinculados al pleno respeto de la Constitución y sus leyes», son los «encargados de servir a la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos y a garantizar la seguridad de todos ellos».
