Un centro de seguridad único, con capacidad para controlar los sistemas antiincendios, antiintrusos y de videovigilancia de todas las sedes judiciales de València. Esa es la solución que la Conselleria de Justicia consensuó en junio pasado con la Guardia Civil como solución integral a las gravísimas deficiencias en seguridad denunciadas desde al menos noviembre de 2015 por el instituto armado -el primer informe del coronel a la gerente del edificio data de esa fecha- y desde octubre del año pasado por los jueces a través de su órgano de gobierno, y que el incendio del pasado día 10 ha dejado al descubierto.

Es más, ese siniestro ha terminado por ser el catalizador para que la conselleria haya emprendido por fin la subsanación de esas deficiencias, que van desde fallos muy graves en el sistema de grabación y videovigilancia de todo el edificio o en el sistema de evacuación del mismo, o la falta de control sobre la central de alarmas, tal como ha venido denunciando Levante-EMV.

En este sentido, la consellera Gabriela Bravo se reunió ayer con el coronel jefe responsable de la seguridad en la Ciutat de la Justícia, Ortega Rodríguez, y con la directora general de Justicia, Verónica López, para terminar de perfilar cómo será ese centro de control que estará bajo la supervisión de los agentes del instituto armado en la planta baja de la Ciutat de la Justícia y que, en teoría, debería ser una realidad en un plazo máximo de dos meses.

Según ha podido saber este diario, la central dispondrá de monitores para visualizar las cámaras de seguridad de la Ciutat -al parecer, el proyecto pasa por sustituir las decenas de dispositivos averiados y cambiar todos los monitores actuales, completamente obsoletos y la mayoría de los cuales no funcionan- y, «en caso de necesidad, las del resto de sedes judiciales». Contará, además, con dos servidores que recibirán las alarmas, uno las de intrusión y el otro, las de incendios, de todas las sedes, y la Guardia Civil dispondrá de la planimetría de todos los inmuebles de Justicia para favorecer la intervención de los equipos en caso de emergencia.

Los jueces también denunciaron

El desastre en seguridad que ha hecho aflorar la investigación posterior al incendio del día 10 no sólo había sido denunciado por la Guardia Civil ante la directora general de Justicia, el decano de los jueces o la gerente de la Ciutat de la Justícia. También los jueces, a través de su máximo órgano de gestión y expresión, la Sala de Gobierno del TSJ, habían pedido a la conselleria hasta en tres ocasiones entre octubre del año pasado y marzo de éste que pusiese solución a los fallos detectados.

De hecho, la Sala de Gobierno, a instancia del decano de los jueces, Pedro Viguer, incluyó esa reivindicación en tres sesiones consecutivas -se reúne una vez al mes-, entre octubre y diciembre, y envió tres oficios a la conselleria denunciando «las graves deficiencias», el «no funcionamiento de una buena parte de las cámaras de seguridad del edificio» e «incluso la imposibilidad de obtener copias de grabación» del sistema de videovigilancia.

Es más, Viguer ya pidió, el 15 de noviembre pasado, dos meses después de su primera queja al TSJ, «que se interese de la conselleria al menos una contestación expresa y escrita (...), que hasta la fecha no se ha producido».

Hubo que esperar al 30 de enero para la primera respuesta de la conselleria: un escueto acuse de recibo en el que se informa de que se ha dado cuenta al Servicio de Infraestructuras y que termina prometiendo «cuando tengamos la respuesta, le daremos la información requerida».

Casi un mes después, el 20 de febrero, conselleria ya incluye acuse de recibo de los tres oficios del TSJ y asegura estar elaborando el pliego para reparar y actualizar todo el sistema de videovigilancia y antiintrusión «de todas las sedes, así como su unificación técnica». Es decir, la sala operativa única que hasta junio no se consensuó con la Guardia Civil y que, en principio debería ser una realidad antes de Navidad.