«Me gusta la ley porque intenta solventar los escollos que ha encontrado el decreto de plurilingüismo, con lo que habrá más paz social». Esta reflexión del presidente de la Unión de Cooperativas de Enseñanza Valenciana (UCEV), Luiso Cervellera, refleja el tono de alivio con el que la mayoría de la comunidad educativa ha acogido el proyecto de Ley de Plurilingüismo que ayer presentaron en el Centre Cultural del Carme el conseller Vicent Marzà y los representantes del PSPV, Compromís y Podemos.
El acto congregó a la mayoría de representantes de la enseñanza pública y concertada. Para José Manuel Boquet, el presidente de la principal patronal de la enseñanza privada, la Federación de Centros Educativos de València (Feceval), la ley «en principio es positiva porque los dos grandes problemas del decreto -la vinculación del valenciano al inglés y la limitación de las acreditaciones automáticas a los centros con más porcentaje de enseñanza en lengua autóctona- se han eliminado, con lo que aumentan las posibilidades de consenso».
Desde Escuelas Católicas de la Comunitat Valenciana (Escacv), su secretaria autonómica, Vicenta Rodríguez, se alegra de que «se presente un proyecto sensato». «La conselleria ha escuchado a la comunidad educativa y esta ley va a permitir poner paz en el sector».
Feceval y Escacv piden que las medidas de apoyo al plurilingüismo (formación del profesorado, docentes de refuerzo...) no excluyan a la concertada y que los Proyectos Lingüísticos de Centro (PLC) que han de reelaborar los colegios de acuerdo con la nueva ley partan de los niveles del anterior decreto de plurilingüismo de 2012 y no del de este enero, «en el que los centros concertados se vieron obligados a optar por los programas con más valenciano para avanzar en el inglés», dice Boquet.
Entre los sindicatos docentes de la pública, CC OO y UGT ven avances en la ley, pero reclaman más formación del profesorado. Sin embargo, el Stepv, la fuerza mayoritaria, se desmarca defendiendo la inmersión lingüística y reclama que el mínimo de enseñanza en valenciano sea del 50 %. Algo que también exigen Fampa València, la federación de Ampa mayoritaria en la pública y Escola Valenciana.
FSIE, sindicato mayoritario en la concertada, ve con «optimismo» la propuesta del tripartito y la conselleria, que considera «razonable y sensata». FSIE insta a que no se excluya a los docentes de la concertada de las estancias formativas de idiomas en el extranjero y que los auxiliares de conversación en inglés no sean solo para la pública.
Las asociaciones de directores de Primaria y Secundaria de la escuela pública apoyan la ley. Eva Tarín (Adip-PV) señala que «ahora ya no habrá escusas para avanzar en el conocimiento de lenguas». Desde Adies-PV, Josep Lluís Peris, aplaude que «todos los centros respeten unos mínimos de valenciano, castellano e inglés». No obstante, reclama más formación del profesorado, «porque si no será difícil introducir este programa en FP».
Entre las entidades que han presentado las 11 denuncias que han hecho naufragar el decreto de plurilingüismo en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) corría ayer la «alegría» y la desconfianza. El presidente del sindicato docente ANPE, Laureano Barcena, se alegra de que «por fin la conselleria se haya dado cuenta del error de publicar un decreto sin consenso con la comunidad educativa y de espaldas al profesorado». Los sindicatos USO y CSIF acogen favorablemente que se desvincule el inglés del valenciano y ven razonables los mínimos de valenciano (25 % del total de la jornada lectiva) y de castellano (25 %), y la franja del 15 al 25 % de inglés.
Para Ramón López, presidente de la autonómica Confederación Valenciana de Asociaciones de Padres de Alumnos (Covapa), «en teoría la música suena bien, habrá que ver cómo se desarrolla». Pide que en el trámite de la ley en las Corts se busque el máximo consenso «para que se apruebe por mayoría de dos tercios».
Bonig: «un triunfo de la sociedad»
El recurso que ha llevado al TSJ a paralizar el decreto lo firma la Diputación de Alicante, gobernada por el PPCV. La presidenta de este partido, Isabel Bonig, sostiene que Marzà ha «tenido que claudicar» ante la comunidad educativa y presentar una nueva propuesta «que es una victoria de la sociedad y los tribunales» frente «a la imposición y el sectarismo» del Consell.
Para el presidente de la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos (Fcapa) de València, Vicente Morro, «la ley no soluciona el problema, sino que lo agrava». «Aunque los cambios a primera vista suenan razonables, la ley nace viciada porque no se ha consensuado», añade. Fcapa quiere que el nuevo modelo se tramite como decreto «para no eludir los controles de la sociedad civil» y se consensúe en el Consell Escolar.
