Un total de 120 entidades del tercer sector podrán cobrar por adelantado la totalidad de las ayudas que les han sido asignadas, por la agilización de la gestión llevada a cabo por la Conselleria de Igualdad y Políticas Sociales de los 13,5 millones del Impuesto sobre la Renta para las Personas Físicas (IRPF) de 2017 que el Estado destinó a la Comunitat Valenciana.
La vicepresidenta, Mónica Oltra, destacó que de esta forma se puede evitar «un gran perjuicio a la ejecución de 340 programas dirigidos a la población más vulnerable».
Según explicó el Consell, tuvo que aprobar un Decreto Ley de manera «urgente», tras la «lentísima gestión» del gobierno de España en dar cumplimiento a una sentencia del Tribunal Constitucional que cuestionaba el reparto autonómico de los fondos del 0,7 por ciento del IRPF para fines sociales, lo que había generado «una enorme angustia» entre las entidades del tercer sector, que en su mayoría trabajan con «personas en situación de gran vulnerabilidad».
La consellera criticó la «indolencia y laxitud o la falta de gestión y de previsión en la acción política del Gobierno español», que tardó «más de cuatro meses» en convocar a las autonomías para acordar un nuevo sistema de reparto de estos fondos, con «consecuencias directas sobre personas y colectivos».
Igualdad considera este asunto como «una prioridad política de primer nivel» y, por eso, ha «liderado» las negociaciones para conseguir la gestión de estas subvenciones, «dándole la máxima importancia y haciendo un esfuerzo extraordinario para el mantenimiento de la atención a las personas beneficiarias de los programas financiados a través del IRPF», recalcaron.
