La bajada de la cuantía que perciben los beneficiarios y la tardanza en lograr el reconocimiento de la ayuda ¿no han vaciado de contenido la Ley de Dependencia?
Presido la Comisión de Estudios de Dependencia, que ha realizado grandes aportaciones, y el Ministerio de Hacienda y Función Pública que junto con el Imserso hemos elaborado un informe. Pretendo sacar este tema fuera del debate partidista, en el que solo gana la dialéctica política, pero no los ciudadanos. El mapa de la dependencia no es el mismo en todo el territorio.
¿Pero la ley sigue siendo válida?
Es una ley necesaria, con una población que envejece de manera acelerada en los últimos años, pero necesita financiación. La ley nació con un déficit de financiación y además se vio aquejada por la crisis económica y presupuestaria.
¿Van a hacer algo al respecto?
Es una corresponsabilidad de las dos Administraciones, Estado y comunidades autónomas. En el Estado hemos dotado para este año 2017 cien millones más para la dependencia, la mayor subida de los últimos diez años, y estamos negociando la subida del presupuesto del año que viene. Estos cien millones van a revertir en un incremento de las prestaciones.
Pero siguen siendo cuantías muy pequeñas las que cobran los beneficiarios.
Lo que está previsto en el baremo aprobado. La gestión pública aúna necesidades y recursos, y los recursos presupuestarios son limitados.
Las comunidades autónomas se quejan de que el Estado pone poco.
Cuando voy a una comunidad autónoma el argumento siempre es el mismo, que el Estado no aporta al menos la mitad de los recursos del sistema. Por el contrario hay un informe del Tribunal de Cuentas que revela que el Estado pone más del 50 % si se suma la financiación condicionada, los ingresos mínimos, más la financiación incondicionada que llega a las comunidades autónomas como resultado del modelo de financiación, porque parte de ese modelo de financiación fue considerado o calculado sobre la base del número de dependientes que había en esa comunidad autónoma. He querido salir de ese debate, porque al ciudadano le tiene que dar igual, lo que le interesa es que le llegue el dinero. Me molesta cuando unos u otros se dedican a hacer otra vez dialéctica partidista porque no conduce a nada.
En sociedades cada vez más envejecidas se habla con mayor frecuencia del envejecimiento activo.
España está cerrada en un círculo diabólico, casi demoniaco, porque somos el país de la UE con la tasa de natalidad más baja, 1,28 hijos por cada mujer, cuando la tasa de reposición poblacional se debería situar en torno al 2,17. Y hay una esperanza de vida muy elevada ; somos el segundo de los países desarrollados, tras Japón, con esperanza de vida más elevada. En ese bucle tenemos que revertir la situación porque si no vamos a tener un grave problema de sostenibilidad del sistema. Hemos creado un comisionado para el reto demográfico, en España nos ha faltado convertir el reto demográfico en un asunto de Estado.
¿Cómo se lucha por el reto demográfico?
Creando las condiciones para mejorar la natalidad en España. Estamos haciendo un análisis en el Comisionado del Reto Demográfico para ver cuáles son estas medidas que serán regulatorias, de conciliación y estructurales a tomar. Es un tema complejo que implica al Estado y las Administraciones autonómicas y locales. Pero desde el punto de vista de la acción del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad hemos aprovechado estos primeros diez meses para elaborar dos planes que vamos a presentar las próximas semanas. El primero, la I Estrategia Nacional de Mayores, que nunca había habido en España, que aborde los problemas de los mayores, como ocio, vivienda, o voluntariado, para que puedan desarrollar todas sus destrezas y habilidades. La edad no tiene que ser una limitación. Y también el I Plan Nacional de Alzheimer, enfermedad en la que España es uno de los países de referencia en investigación.
¿Cree que hay una verdadera política de familia en España?
Ha habido políticas de familia, pero el concepto de familia en 40 años ha ido evolucionando, no es solo ya la relación hombre-mujer con hijos, hay familias monoparentales, homosexuales, parejas de todo tipo, y esas relaciones hay que entenderlas en un mundo mutante. Hay que respetar estas formas evolucionadas de familia y hacer políticas que garanticen que las familias puedan tener hijos. La fuerza motriz de un país se basa en la población y la población se hace mediante hijos, por tanto podemos incentivar esta política. Estamos en temas que son ideológicamente controvertidos para algunas formaciones y como no tenemos mayoría hemos de alcanzar acuerdos con otras fuerzas políticas para poder consolidar ese concepto de familia. Y por ejemplo reconocer el rango de familia numerosa de categoría especial a las de cuatro y más hijos.
¿Qué falta para la plena integración de las personas con discapacidad?
España reconoce prácticamente todos los derechos civiles y políticos. Ahora está abierto el debate sobre el derecho de voto de las personas con independencia de su grado de discapacidad. La nueva ley de contratos que se va a aprobar, si todo va bien, en las próximas semanas, reconoce múltiples ventajas a las empresas adjudicatarias que atiendan el empleo de personas con discapacidad. En materia de empleo se han hecho muchas ayudas para la contratación de personas con discapacidad y la oferta de empleo público de este año es la que tiene el cupo más alto. También se ha avanzado en eliminación de barreras arquitectónicas y turismo inclusivo. Y además existe una gran concienciación. En España hay 3,9 millones de personas con discapacidad, casi un 8 % de la población y con el empeño del sector público y privado seguiremos barriendo esos obstáculos que todavía existen.
En otro campo de igualdad, en este caso de la mujer, ¿falta mucho por hacer?
Hemos avanzado, aunque queda mucho por hacer. Hoy dos tercios de las personas que se licencian en las facultades son mujeres, el 49 % de las diputadas regionales, nacionales y senadoras son mujeres, prácticamente la paridad existe y en el ámbito rural en España en el rango de edad de entre 25 y 65 años el 14 % de las mujeres están licenciadas por un 11 % de los hombres. Sin embargo, el acceso de la mujer a puestos directivos se está produciendo de una manera muy lenta. Y la parte oscura está en que todavía no existe una corresponsabilidad efectiva entre hombres y mujeres. El 93 % de excedencias para cuidado de hijos en España las toman las mujeres, y el 98,5 % para cuidado de mayores, una circunstancia que agrava o consolida la desigualdad. Y hay dos factores que hay que atajar, la diferencia retributiva, porque una mujer tiene que trabajar cien días más al año para cobrar lo mismo que un hombre, y el acceso a los puestos directivos de las empresas. Y tenemos que trabajar en la ruptura de las profesiones estereotipadas. Por ejemplo a las carreras de arquitectura, ingeniería, informática o nuevas tecnologías, a las que solo acuden un 10 % de mujeres.
En violencia de género sigue habiendo muertes. En este aspecto no mejoramos.
Es una percepción que no se adapta a la realidad. Hay muchos factores, como el educativo, el miedo, romper la barrera de la indignidad cuando hay situaciones de dependencia social y económica por parte de las mujeres, garantizarles la inserción socio laboral y sobre todo la protección de sus hijos, fundamental, porque otra expresión abyecta de la violencia es la que se ejerce sobre los hijos. El año pasado hubo 44 mujeres asesinadas, la cifra más baja de los últimos tiempos; en Alemania el primer año que hicieron estadísticas superaron los 300 asesinatos, y en Suecia hubo 11, con el mismo ratio que España. Lo que no quiero es que se construya un discurso indebido sobre el volumen de muertes, porque creo que es injusto hacerlo. La causa es tan potente e importante que no tenemos que detenernos en mensajes o informaciones a veces sacadas de contexto sino que tenemos que trabajar día a día. Lo más importante es que hemos llegado al primer pacto de esta legislatura.
