Día 2 de octubre después del «mayor fracaso de la política en toda la democracia». Nueve de la mañana. Ximo Puig comparece en uno de los desayunos de Nueva Economía Fórum con un discurso trabajado desde hace días (no es una sorpresa que la noticia del día iba a ser Cataluña) y retocado en las últimas horas, tras las imágenes de la intervención policial en los centros electorales del referéndum independentista sostenido por el Govern catalán.

No es día para la agenda valenciana. Es inevitable mirar al norte. El jefe del Consell rompe el perfil bajo de los últimos días (no se había movido del discurso de ley y diálogo) y pone encima del tapete una propuesta concreta para salir del atolladero catalán, en el caso de que se pueda. «El optimismo es una obligación ética», contraataca Puig.

«España no es la misma que ayer [por el domingo], nos guste o no» y el 2 de octubre ha de ser un punto de partida, no de llegada, afirma. Ese lugar de salida es la constatación de que el Estado de las autonomías inventado en 1978 ha quedado viejo. «El inmovilismo está agotado», sostiene el presidente de la Generalitat, que aboga por «un nuevo proyecto de la España del siglo XXI». Un modelo federal y policéntrico, en contra de la tendencia «recentralizadora» que ha acompañado a los años de crisis.

Lo que ofrece Puig es reformar España como forma de solucionar el gran embrollo de Cataluña. Y deja un mensaje para los dos presidentes, el de España y el de Cataluña: «Si no son capaces de dialogar, los principales actores deben apartarse», en referencia a Mariano Rajoy y Carles Puigdemont. Lo dice «decepcionado» tras los primeros discursos de uno y otro tras el 1-O, en los que no observa una pizca de autocrítica o de empatía hacia el otro, cuando «lo primero es hablar».

¿Pero todavía es posible el diálogo?, le interpela el presentador del acto, el periodista Antonio San José. «¿Si no, cuál es la alternativa?», requiebra Puig.

Él ofrece tres «puentes de alta velocidad», porque la urgencia apremia. Ya no es cuestión de días, sino de horas, argumenta ante el panorama de una declaración unilateral de independencia y una posible aplicación del artículo 155 de la Constitución como respuesta. «Ahora es más difícil que hace tres años, pero más fácil que dentro de tres días», insiste.

Los «puentes» son una mesa de diálogo del ejecutivo con Cataluña, una comisión de reforma de la Constitución y para un nuevo modelo territorial, y el cambio del sistema de financiación.

Para la primera medida, propone tomar como base el Estatut catalán impugnado ante el Tribunal Constitucional. «Es el último espacio de acuerdo y parece razonable empezar por donde todo empezó a romperse», señala.

La reforma del título VIII de la Constitución (el de la organización territorial) ha sido hasta ahora coto vedado para el Gobierno central, pero Puig observa movimientos en ese flanco. Algunos cercanos a Rajoy la ven ya como imprescindible, dice. Ahora hay que pasar del discurso a la agenda, sentencia.

La reforma de la financiación es uno de los grandes asuntos de la agenda valenciana. Para el líder del PSPV, supone no solo un nuevo reparto del pastel, sino plantear un Senado federal, el reconocimiento de las nacionalidades y «horizontalidad cooperativa frente a centralismo».

Su argumento es que la recentralización del Gobierno de Rajoy, la infrafinanciación y el mal trato en la distribución de inversiones han llevado al agotamiento del Estado de las autonomías.

Si el café para todos no funciona, ¿la propuesta nueva es un modelo asimétrico? Puig vuelve a rechazar privilegios para Cataluña, pero sostiene que las desigualdades ya las hay. El ejemplo es la Comunitat Valenciana, su situación en la financiación autonómica.

La duda que queda en el aire es el respaldo (o no) del PSOE a la senda marcada por Puig. Esta se mueve en las líneas del discurso federalista de Ferraz y el PSC, pero con una concreción mayor. «España es diversa. No puede existir un proyecto sin matices», responde Puig sobre las diferencias entre barones socialistas.

En esa grieta argumental puso el foco después el delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, que también criticó que Puig situara «en el mismo lugar» a Rajoy y Puigdemont.