Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio rechazó la valoración del Gobierno español en la que cuestionaba 23 de los 37 artículos de la Ley por Función Social de la Vivienda.
Así se extrae de la reunión de la Comisión Bilateral entre la Generalitat Valenciana y el Ministerio de Fomento, celebrada ayer, donde se trataba de llegar a acuerdos con los reparos formulados por el Estado y se abordaba la posible inconstitucionalidad de la norma, la directora general de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana, Rebeca Torró, consideró «inaceptable que el Gobierno imposibilite hacer efectivo el derecho a la vivienda en la Comunitat al vaciar de contenido hasta el extremo las medidas contempladas».
Por su parte, el Ministerio de Fomento no quiso dar ninguna valoración a este periódico al considerar que era una reunión técnica y no es habitual dar información al respecto.
Tras poner en duda 23 de los 37 artículos de la ley, Torró cree que «se ataca a las medidas que permiten garantizar el derecho a la vivienda, solo deja la puerta abierta a reconocer el derecho subjetivo en la Comunitat Valenciana pero mantiene su intención de recurrir todos los artículos que lo pueden hacer efectivo». Hay que recordar que la Ley por Función Social de la Vivienda fue aprobada en les Corts, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios a excepción del PP.
Según informó la Generalitat Valenciana, Fomento consideró inconstitucionales cuestiones como la función social de la vivienda si está deshabitada o la creación de un registro de las mismas, al afectar a la propiedad privada. Este aspecto molestó especialmente a la conselleria porque en las leyes similares que se han impulsado en otras autonomías como Aragón o el país Vasco, la Administración estatal no cuestionó estos aspectos.
Uno de los motivos esgrimidos por el Ministerio de Fomento es que cree que el Gobierno valenciano no puede «garantizar la continuidad de las personas afectadas por una ejecución hipotecaria en sus viviendas habituales y únicas que sean propiedad de 'grandes tenedores', porque conlleva como último recurso la expropiación del usufructo temporal con un máximo de 3 años» según indicó la Generalitat Valenciana. Además, la Administración estatal pone duda sobre las sanciones a los bancos, el concepto de ´grandes tenedores´ o la posibilidad de establecer actuaciones de inspección.
Asimismo, Rebeca Torró recalcó que «la posición del Gobierno de España está siendo más dura y restrictiva en la Comunitat Valenciana respecto a las observaciones esenciales que realizó el Consell Jurídic Consultiu que la Generalitat incorporó a la ley».
Dura crítica desde Generalitat
«Tenemos la obligación de cumplir el mandato del parlamento valenciano y aplicar esta ley para garantizar el derecho a la vivienda en la Comunitat Valenciana», comunicó Torró. «El Gobierno de España una vez más se pone del lado de los bancos y deja sin derecho a las personas que más lo necesitan, no podemos aceptarlo porque limitan nuestra autonomía para dar soluciones a situaciones graves de muchos valencianos», recriminó la directora general de Vivienda. «Son como el perro del hortelano, ni legislan ni dejan legislar», concluyó Torró.
