La Intervención General del Estado ve «nulos de pleno derecho» cuatro de los contratos suscritos entre la Generalitat, a través de dos empresas públicas, con Valmor Sport SL y las mercantiles del magnate de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, para organizar las cinco carreras que acogió València de 2008 a 2012.

Las conclusiones de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) las recoge la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional en el último informe aportado al Caso Valmor, en el que se investiga al expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, la exconsellera Lola Johnson y el expiloto Jorge Martínez «Aspar», por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y delito societario.

Las irregularidades administrativas comenzaron desde el minuto cero, según la IGAE. Como Valmor Sports SL no tenía capacidad económica ni técnica para organizar las carreras de bólidos, la empresa creada por Aspar, el empresario Fernando Roig y Bancaja suscribió un «contrato para la organización del evento deportivo de fecha de 26 de marzo de 2008» que se considera nulo «por indeterminación de la contraprestación a cargo de Valmor Sport SL».

La misma razón que esgrime la IGAE para considerar no válido el «contrato de copromoción entre Valmor y la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana del 31 de julio de 2009» porque «omite la contraprestación de Valmor, lo que determina que en el contrato no existe una verdadera reciprocidad de prestaciones».

Tampoco se ajustó a la legalidad la «novación del contrato inicial de promoción y gestión comercial de fecha 19 de julio de 2011» suscrito entre tres empresas de Bernie Ecclestone [Formula one world championship limited (FOWC), APM Sports y Beta Prema] y la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV).

Este nuevo acuerdo supuso que la Generalitat se convertía en «garante de las obligaciones de Valmor Sports SL» respecto al premio. Pero esta decisión, advierte la IGAE, «es nula de pleno derecho, al no tratarse de una operación de crédito, ser un órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia y haberse prescindido de los trámites esenciales del procedimiento».

Además del pequeño detalle de que Valmor Sports SL no era una empresa pública en 2011 (antes de que fuera adquirida por un euro por el Consell). «Y el gobierno valenciano sólo puede autorizar avales para las operaciones de crédito que concierten entidades, empresas públicas o instituciones feriales de la Comunitat Valenciana», señala la IGAE en su escrito aportado a la causa.

Por último, la junta general de accionistas de Circuit del Motor i Promoció Deportiva SA del 9 de diciembre de 2012, en la que se aprobó la adquisición de Valmor Sports SL por un euro «es igualmente nula de pleno derecho por inexistencia del presupuesto de hecho determinante de la adquisición [de Valmor] consistente en garantizar la continuidad de la celebración del Gran Premio de Fórmula 1 de València, pues dicha celebración estaba garantizada por otros pactos previos».

Además esta última decisión, adoptada ya durante la presidencia de Alberto Fabra en la Generalitat Valenciana, debería haber sido adoptada por el Consell y no por la empresa Circuit del Motor ya que, al incluir la disolución por Valmor, «debería haberse adoptado por el Gobierno valenciano en su condición de tal gobierno y no en su condición de junta general de accionistas de Circuit del Motor, a propuesta de la conselleria competente en materia de patrimonio, que también se omitió».