El Comité de las Regiones debate en estos momentos sobre la situación en Cataluña. Una sesión en la que acaba de intervenir el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que ha pedido ?soluciones dentro de la ley» para el conflicto catalán. «España es un estado de derecho y no hay democracia sin cumplimiento de la ley porque ha nacido de parlamentos democráticos», ha defendido al tiempo que defendía que «el diálogo siempre es la política» que permite «establecer todo tipo de diálogos para buscar soluciones que pueden pasar por modificar constituciones para erradicar cualquier totalitarismo», ha defendido Puig en una intervención limitada a tres minutos.
El jefe del Consell también ha reclamado que en la situación catalana «razón y sentimientos no pueden estar confrontados» por lo que urge a «buscar soluciones dentro de la ley, porque no hay atajos en democracia» al tiempo que denunciaba que «la violencia no soluciona problemas políticos». Aunque acto seguido recordó que el «referéndum no era legal, porque no contaba con las mínimas garantías y cualquier decisión no es valida si no surge desde la legalidad».
Por ello insta a todos los interlocutores a «superar la fractura económica, social y emocional que ya se ha producido» entre Cataluña y el Estado.
Por último, Puig ha defendido que «la primera responsabilidad de cualquier gobernante es no hacer sufrir a los ciudadanos» por ello instó a «volver a significar que a través de la ley y el diálogo queremos continuar viviendo juntos y avanzar en una democracia que nos ha hecho llegar más lejos que en lo que nunca soñamos».
Tras el jefe del Consell ha intervenido el Representante Permanente de la Generalitat de Catalunya en la Unió Europea, Amadeu Altafall, quien ha recordado que «el mundo entero ha visto con estupor las agresiones en Cataluña por el simple hecho de querer votar», al tiempo que incidía en las 900 atenciones médicas por los golpes, las censuras a las páginas webs y detenciones registradas en las últimas semanas. «Se ha visto la marca España del Partido Popular», denunció, al tiempo que no se trata de «un asunto interno de España, porque se están vulnerando los derechos fundamentales de 5,7 millones de ciudadanos de la Unión Europea» que es, según Altafaull, «un grupo de estados en horas bajas».
El representante catalán asegura que actualmente se vive «un reto político. Hay años que el gobierno catalán pide diálogo pero una democracia está muy enferma si envía a policías para retirar urnas». Y ha concluido que «Catalunya contará un antes y un después del 1 de octubre. Frente a una España que no escucha, Cataluña será lo que los catalanes deseen y ningún tribunal decidirá el futuro político de nuestro país».
