11 de octubre de 2017
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Bravo cede la llave de la función pública tras la presión de Compromís

Delega las competencias de personal en dos cargos de la coalición tras 15 meses de tensión - El control de los informes está en el origen de la disputa

11.10.2017 | 08:33
Bravo cede la llave de la función pública tras la presión de Compromís

Dos años después de ser nombrada consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Gabriela Bravo ha optado por ceder la llave de la función pública valenciana a la coalición Compromís. La cesión de competencias, hecha pública ayer en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), pone fin a quince meses de un tira y afloja en el que, según las fuentes consultadas, llegó a implicarse la vicepresidenta Mónica Oltra y el Palau de la Generalitat.

El conflicto estuvo a punto de erosionar el pacto del Botànic ya que, según ha sabido este diario, la presión para que la titular de Justicia delegara determinadas competencias fue enorme, incluso con amenazas veladas de ruptura del pacto del Botànic. Las aguas, al final, han vuelto a su cauce, aunque se trata de un nuevo roce entre los socios de Gobierno que, a menos de dos años de elecciones, deja secuelas.

La resolución, que ha puesto fin al enfrentamiento, data del pasado día tres de octubre. El escrito firmado por la consellera Bravo recoge la delegación de toda una serie de competencias relativas a la gestión del personal de la Administración del Consell (nombramiento de funcionarios interinos, contratación de personal fijo, resolución de recursos de reposición, etc) en el secretario autonómico de Justicia, Ferran Puchades, destacado dirigente del Bloc y con quien Bravo ha tenido enfrentamientos en el pasado, si bien la relación estaba ya encauzada.

Cabe recordar que el control de las competencias en Función Pública fue, en los orígenes del pacto del Botànic, uno de los puntos de fricción entre los socios del Consell. PSPV y Compromís (y los sindicatos que orbitan alrededor de ambos partidos) tardaron meses en acordar el nombramiento de la Dirección General de Función Pública, una plaza que finalmente recayó en Eva Coscollà, una funcionaria con experiencia vinculada a Compromís.

Durante estos dos años, sin embargo, Bravo, jurista independiente a quien el presidente Ximo Puig confió la gestión del departamento de Justicia y la reforma de la administración autonómica, ha mantenido el control de la función pública. Se trata de un área cargada de burocracia, pero que resulta clave en términos de poder, ya que afecta a la gestión de personal de toda la Generalitat.

La delegación de firma en el segundo de a bordo ha sido un trámite habitual en los gobiernos del PP. Sin embargo, un trámite, aparentemente inocuo, acabó bloqueándose hace quince meses, ya que Compromís pidió también incluir los informes de carácter preceptivo y vinculante que Función Pública realiza sobre proyectos de ley, o disposiciones que afectan a la estructura orgánica, métodos de trabajo y personal elaborados por las conselleries. En estos casos (son numerosas las normas que afectan a cuestiones de personal), el pronunciamiento de Función Pública es fundamental, ya que sin informe favorable la iniciativa en cuestión puede naufragar.

Bravo, quien desde que accedió al cargo ha mostrado mucho celo en el encaje legal de las normas del Consell, se negó en redondo a perder el control de los citados informes al entender que se trataba de competencias indelegables. Cabe apuntar que la conselleria ha negociado a lo largo de la legislatura varios decretos que afectaban al personal con otras consellerias. El diálogo fue clave, por ejemplo, en el decreto sobre el uso del valenciano, al tiempo que las negociaciaones sobre los reglamentos orgánicos de las conselleries han tenido también que pasar por el tamiz de Bravo.

Así las cosas, las pegas de la consellera a ceder estas atribuciones bloqueó el resto del trámite, de tal manera que, durante más de un año, la consellera siguió teniendo la firma en cuestiones tan domésticas como las resoluciones de jubilación. Esta situación ha ralentizado, según algunas fuentes de Compromís, muchos asuntos relacionados con la función pública.

A principios de verano, la presión sobre Bravo, que estaba dispuesta a ceder los trámites sobre personal pero no los informes, se incrementó. El asunto preocupó en Presidencia, donde se temía que una cuestión, que se consideró menor, acabara resintiendo el pacto, coincidiendo además con el proceso de primarias de Ximo Puig. Oltra, además, apretó para que la delegación tuviera lugar.

Finalmente, Bravo ha firmado una resolución que deja en manos de Coscollà los informes vinculantes, aunque la delegación contiene una bala en la recámara, ya que apostilla que la Dirección General de Función Pública deberá informar del contenido del informe a la consellera.

Cabe apuntar que la consellera podría revocar, llegado el caso, los informes o cualquier decisión sobre personal. Además, la cesión a Compromís en el área de Función Pública no es completa, ya que algunos asuntos claves, como la potestad disciplinaria, son delegadas a la subsecretaría, cargo que ocupa una persona de confianza de Bravo.

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