«Las soluciones políticas deben buscarse dentro de la ley», porque «no hay atajos en la democracia», avisó el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, durante un debate específico sobre la situación catalana en el Comité de Regiones de la UE, órgano consultivo sin capacidad de decisión. El presidente de Murcia, Fernando López Miras, el de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y el representante de Cataluña ante la UE, Amadeu Altafaj, fueron otros interlocutores en la jornada.
Puig defendió que España es «una democracia consolidada y homologable a cualquier democracia avanzada en Europa», un «Estado autonómico de los más descentralizados de Europa», dijo, al tiempo que pidió «inteligencia política» para resolver las «tensiones» sobre Cataluña.
El jefe del Consell dejó claro que el referéndum del día 1 «no era legal y no era válido», de modo que cualquiera de las decisiones que adoptara el Parlament catalán en la tarde de ayer no sería tampoco válida, dijo. E insistió en una frase de su discurso del Nou d´Octubre: «la primera responsabilidad de un gobernante es no hacer sufrir a los ciudadanos». Y fractura social y emocional entre los vecinos catalanes ya se ha producido, señaló.
Antes del pleno en el Parlament
El líder del PSPV no se pronunció tras la comparecencia de Carles Puigdemont en el Parlament catalán. Sí insistió antes en la apuesta por el «diálogo» para «continuar viviendo juntos y avanzar en una democracia». Puig, que había acudido al pleno del Comité de Regiones de la Unión Europea como presidente de la delegación española, respondió a las preguntas de los medios de comunicación que «España es una democracia consolidada y homologable a cualquier democracia avanzada de Europa». «Como todas las democracias, tiene problemas, tensiones y dificultades que, con inteligencia política tienen solución», resumió el president valenciano.
Para el de Morella, «España es un Estado de derecho, que nadie lo dude». Y pidió respeto por «nuestro patrimonio democrático colectivo».
Con todo esto, Puig no quiso dejar de lado la importancia del cumplimiento de la legislación nacional vigente que impedía la celebración de un referéndum declarado ilegal. «No hay democracia sin cumplimiento de la ley. Son leyes legítimas, y lo son porque han nacido de parlamentos democráticos, y el diálogo siempre es la política», comentaba.
«A través de las reglas de la convivencia hay que establecer todo tipo de diálogo. Es el valor del diálogo para superar conflictos, modificar leyes, cambiar incluso constituciones, porque lo fundamental es la convivencia, el respeto del pluralismo y la erradicación de cualquier totalitarismo», explicó el president.
A su vez, Puig demostró sensibilidad con sus homólogos catalanes, pero para él «razón y sentimiento no pueden estar confrontados. Las soluciones políticas deben de buscarse dentro de la ley. No hay atajos en la democracia», apartando a la «violencia» de cualquier solución.
La posición de Moragues
El delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, insistió por su parte en el regreso al orden constitucional tras la comparecencia de Puigdemont en la que declaró la independencia de Cataluña para suspenderla durante unas semanas a continuación de cara a abrir un hipotético proceso de negociación.
«Ni es democrático ni es legal», manifestó el representante gubernativo a este diario tras las palabras del presidente del Govern. La postura de este «carece de legitimidad», añadió, «perjudica, empobrece y fractura más a los catalanes». «Los conduce al abismo», incidió.
Moragues no se movió de la línea oficial en el sentido de que «urge recuperar la normalidad democrática». Eso sí, abrió la puerta a dialogar, si bien después de esa recuperación de la normalidad democrática, que a juicio de los representantes de la Moncloa no parece darse después de la declaración de independencia en diferido anunciada ayer en Barcelona por Puigdemont.
