Tres organizaciones españolas -Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Plataforma de Afectados por la Hepatitis C (PLAFHC) y Buscant Alternatives- llegaron ayer a la sala de actos de la Eurocámara en Bruselas donde, junto a otras 47 asociaciones de más de veinte países de la Unión Europea, fueron galardonadas en la ceremonia de la entrega del Premio Ciudadano Europeo de 2017.
Un galardón que se entrega desde 2008 y con la que se pretende dar visibilidad a aquellas asociaciones que «promuevan la integración entre los ciudadanos y a los que día a día tratan de promover los valores de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea».
En la actualidad, medio millón de hombres y mujeres que padecen el virus de la Hepatitis C deben disponer de más de 25.000 euros para un tratamiento que asegure su curación. Casi cuatro millones de personas ven mermados sus derechos primarios al carecer de medios que permitan que una persona con movilidad reducida pueda acceder al tercer piso de una finca que, a día de hoy, sigue sin tener ascensor. Y miles de personas, por ser migrantes, se encuentran en riesgo de exclusión en ámbitos tanto sociales como laborales.
Desde hace décadas, organizaciones como la valenciana Buscant Alternatives, propuesta al premio por el eurodiputado Esteban González; Cermi, sugerido por Rosa Estaràs; y la PLAFHC, propuesta por las eurodiputadas Ángela Vallina y Paloma López, comenzaron a trabajar para fomentar una mayor integración para ciudadanos que, hasta ahora, habían sido considerados «de segunda», relata Lluís Alonso, gerente del Cermi.
La ONG valenciana Buscant Alternatives, una plataforma de acogida a personas migrantes en inminente riesgo de exclusión y que actúa para facilitar a este colectivo el camino hacia su inserción social y laboral, ha celebrado esta iniciativa: «Este galardón es un reconocimiento a la labor humilde y silenciosa que realiza la organización para un colectivo minoritario que convive día a día en nuestros barrios». Además, aplauden la labor del Parlamento al dar visibilidad a tantas acciones que luchan por la integración social.
La polémica con la PLAFHC llegó de la mano de la multitudinaria marcha de Moncloa, donde más de 100.000 personas se unieron para luchar contra las farmacéuticas y conseguir que el coste de los tratamientos, que entonces se situaba en los 60.000 euros, pudiese ser accesible para cualquier enfermo y no sólo para aquel que pudiese disponer de tal capital económico.
Ahora, tras lograr un Plan de Hepatitis C que permitió que más de 80.000 personas pudiesen acceder al tratamiento, la lucha de la organización se centra en conseguir medicamentos genéricos que resulten más económicos para los enfermos.
«Finalizar un tratamiento para el virus de la Hepatitis C a una farmacéutica le cuesta unos 100 euros. Sin embargo, lo comercializan por 25.5000 euros. Esto no se puede consentir, están jugando con vidas», denunciaba Damián Caballero, presidente de la PLAFHC.
Asimismo desde Cermi cifran en un 10 % las personas españolas que sufren algún tipo de diversidad funcional. «Nuestra función se centra en evitar que todo este colectivo, sumado a sus familias, vean minados sus derechos», relataba Lluís Alonso, gerente del Cermi.
«La falta de medidas para facilitar la vida de aquellos con discapacidad provoca que, personas con disfunción visual, ni si quiera puedan acceder a la compra de un billete de avión en un mundo donde cada vez es todo más informatizado y no se proponen medidas para atajar la brecha digital», relataba Alonso.
Sin embargo, desde la organización aseguran que sí han podido cambiar una cosa: «Antes este colectivo era tratado por la administración como alguien a quien había que ayudar de manera benéfica. Sin embargo, ahora se fomentan herramientas de integración para que esta beneficencia no sea la única medida. Que Europa reconozca esta labor es algo importante, tanto para nosotros como para las millones de personas a las que pretendemos ayudar»añadía Alonso.
