Ni la Fiscalía, ni los juzgados, ni la Policía Nacional han recibido aún denuncia alguna por las agresiones e insultos contra manifestantes y periodistas durante la marcha organizada por la Comissió Nou d´Octubre que este año tenía por eslógan «sí al valencià», lo que está ralentizando la investigación, ya que sin la declaración de las víctimas, sólo quedan las fotografías y los vídeos, que no recogen todo lo ocurrido en los siete minutos que duraron los ataques hasta que la policía se hizo con el control de la situación.
La denuncia llegará la próxima semana. Así lo han hecho saber fuentes próximas a la coordinadora creada por las víctimas, y que aglutina tanto a manifestantes como a periodistas. Las fuentes explicaron que «se está recogiendo todo el material posible, fotos, vídeos, amenazas a través de redes sociales, etc, para aportar la mayor cantidad posible de documentación cuando se presente la denuncia conjunta la próxima semana ».
De momento, la Brigada de Información de la Policía Nacional continúa su investigación para poner nombre y apellidos a todos los que participaron, de una u otra manera, en los ataques e insultos.
Esas identificaciones adquirirán su máxima importancia judicial cuando las víctimas puedan reconocer a los agresores, una de las bases de la futura acusación que pueda llevar adelante la Fiscalía en caso de reunir suficientes pruebas.
Siete minutos de tensión
Al cierre de esta edición, no se habían producido nuevas detenciones en relación con las agresiones de la marcha de la Comissió Nou d´Octubre, que sí estaba comunicada y a la que se sumó un grupo de 300 personas de la CUP y de Arran, por lo que, según fuentes de la Delegación del Gobierno, eso hizo que pasara a ser «una única marcha, de manera que la autorización de la convocada por la Comissió servía para la otra».
La que era completamente ilegal era la de ultraderechistas, muchos de ellos Yomus y de España 2000, que se desperdigaron por las calles cercanas a la plaza de San Agustín, de donde partía la marcha legal, camuflados en ocasiones entre grupos defensores de la unidad de España no radicales, lo que, según esas fuentes, dificultó aislar a los grupúsculos más violentos y propició las primeras carreras y las agresiones, producidas entre las 17.37 y las 17.42 del 9 de octubre.
De hecho, el primer informe entregado por la Policía a la fiscal de Delitos de Odio y Discriminación a última hora de la mañana del miércoles, horas después de una reunión celebrada entre el comisario provincial de València y la fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, contenía únicamente un cronograma donde se recogía, minuto a minuto, el desarrollo de la marcha, incluidos los incidentes previos, según fuentes conocedoras del contenido de ese documento.
Horas después, fue cuando los agentes de la Brigada de Información especializados en grupos radicales citaron en jefatura y detuvieron a Juan Manuel B. V. como presunto autor de tres delitos: de odio, relativo al libre ejercicio de los derechos fundamentales y de desórdenes públicos. El delegado del Gobierno anunció ayer que «casi con toda seguridad» habrá más detenciones «próximamente».
Como ya publicó ayer este diario, la Fiscalía abrió el miércoles por la mañana, de oficio, diligencias de investigación por un posible delito de odio a la vista de los vídeos y de las fotografías que inundaron las redes sociales y los medios de comunicación en general.
