Los anuncios de CaixaBank o el Sabadell de trasladar sus sedes sociales a la Comunitat Valenciana -y el de tantas grandes firmas que lo van a hacer a otras ciudades españolas- es de alguna forma el mascarón de proa de una corriente de fondo que está arrastrando a numerosas pymes de aquella autonomía que tratan de eludir los efectos de la inseguridad jurídica provocada por la deriva independentista. Fuentes oficiales de la Cámara de Comercio de València confirmaron ayer a este diario que la corporación ha recibido consultas por parte de empresas catalanas que quieren conocer los trámites burocráticos para cambiar de domicilio social y hacerlo en esta provincia. Las citadas fuentes no quisieron precisar la identidad de esas empresas ni siquiera los sectores a los que pertenecen, pero sí indicaron que se trata de pymes.
Tal como informaba ayer este diario, dos textiles de Barcelona han sondeado en la Cámara de Castelló sobre la disponibilidad de suelo en Vinaròs o Benicarló, lo que implica que estas firmas no están barajando solo el cambio de domicilio social, sino el traslado físico de las instalaciones de producción.
Fuentes de la patronal autonómica CEV, por su parte, indicaron que esta confederación no ha recibido peticiones de información para su posible ubicación en la Comunitat Valenciana por parte de empresas catalanas. Ciertamente, lo lógico es que esas consultas se realicen ante las cámaras de comercio que, entre otros servicios, incluyen el de ventanilla única empresarial.
Sede fiscal
Por otro lado, las empresas que abandonan Cataluña están en su mayoría acompañando el cambio de domicilio social con el del fiscal, fundamentalmente por el temor a que una eventual Agencia Tributaria catalana, en el caso de que se consumara la independencia, les exigiera el pago de tributos como el Impuesto de Sociedades, que tienen que abonar directamente al Estado. Con el cambio de sede fiscal tal circunstancia no puede producirse.
