El expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, tuvo un sueño. Bólidos rugiendo por las calles de València. Para que los más de 700 millones de telespectadores que seguían los piques de Alfonso con Hamilton, Räikkönen o Massa pusieran a València en el mapa.
Un sueño que no era original de Camps, sino que era el evento soñado por el expiloto alcireño Adrián Campos: crear un circuito urbano en la Comunitat Valenciana a imagen y semejanza del Gran Premio de Mónaco. Hasta llegó a intentarlo con Benidorm. Pero fue un sueño que, finalmente, hizo realidad su amigo, piloto y de Alzira como él, Jorge Martínez 'Aspar', que fue el que se llevó el gato al agua para que los bólidos rugieran por los Poblats Marítims.
Pero el sueño de la F1 no era barato. Aunque Camps acuñó la frase que le ha perseguido como un fantasma, "la Fórmula 1 no va a costar un euro a los valencianos", la factura para las arcas públicas rozó los 300 millones de euros. No habría Caso Valmor si este dinero se lo hubiera gastado la empresa creada exprofeso para organizar los cinco grandes premios: Valmor Sport SL formada a partes iguales por Aspar, el empresario Fernando Roig y la extinta Bancaja. Pero Valmor fue finalmente un proyecto empresarial ruinoso con riesgo cero para sus patronos. Porque fue la Generalitat la que pagó la cuenta del evento automovilístico a través de tres empresas públicas: Circuit del Motor, Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV) y el Gestor de Transportes y Puertos (GTP), que construyó el circuito. Y cuando pintaron bastos para Valmor Sport SL fue la Generalitat quien adquirió la empresa por un euro, a pesar de que sumaba pérdidas multimillonarias.
Una década después los agentes de la Unidad de delincuencia económica y fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han puesto nombres y apellidos a los protagonistas de la gran estafa en la que se convirtió la F1. Treinta y tres personas cuya participación desgrana la UDEF en el último informe aportado al Caso Valmor (que ha permanecido secreto durante el último año) y que tuvieron un evidente director de orquesta: El jefe del Consell, Francisco Camps, que negoció en persona con el magnate de la Fórmula 1 y «lideró el proceso» para crear la arquitectura jurídica y administrativa que puso al servicio de la F1 toda la estructura de la Generalitat.
Junto a Camps la UDEF destaca la participación de los exconsellers José Císcar, Paula Sánchez de León y Lola Johnson. Sólo la última tiene la consideración de investigada por su protagonismo en la adquisición de Valmor Sport SL por parte de Circuit del Motor, empresa pública que ella presidía en calidad de consellera de Cultura y Deportes. Respecto a Sánchez de León y Císcar la UDEF únicamente recopila la participación de ambos para adquirir Valmor o reasignar partidas para pagar el canon del gran premio en el año 2012, respectivamente.
Destacados representantes del segundo escalón del Consell también aparecen en el informe de la UDEF. Es el caso de Belén Reyero, asesora de Presidencia de la Generalitat de 2004 a 2013 y trabajadora de la SPTCV de 2009 a 2013. La Fiscalía Anticorrupción acaba de solicitar al Juzgado de Instrucción 2 de Valencia que se la cite en calidad de investigada por su "papel nuclear en todas las gestiones de relativas al Gran Premio de Fórmula 1 como persona de confianza del investigado Francisco Camps", justifica el Ministerio Público. Además de su participación en "el ocultamiento de datos a los diputados de la oposición e incluso el falseamiento de los mismos", señala Anticorrupción.
Otros protagonistas secundarios recopilados por la UDEF son Luis Lobón, secretario autonómico de eventos y proyectos, Turismo y vicepresidente de la SPTCV (que ya logró ser absuelto en el juicio del Caso Nóos) que tuvo un papel activo en la compra de Valmor gestada entre 2011 y 2013. También la jefa de Proyectos Estratégicos de la Conselleria de Turismo, Cultura y Deporte, Amparo Haro, como responsable del expediente para abonar el canon de la F-1 o coordinar las respuestas a las preguntas parlamentarias de los diputados de la oposición.
La retahíla de colaboradores cuya participación relata la UDEF en su extenso informe se extiende a Circuit del Motor (siete directivos y trabajadores) como su director de 2008 a 2012 Julio José García Gimeno (hermano del exdirector de RTVV, Pedro García, investigado por el amaño de los contratos para retransmitir la visita del Papa) y el actual director, Gonzalo Gobert, además de Natalia Meneu (jefa de Protocolo) y Desamparados del Valle, la técnica jurídica que se ofrecía a "tunear contratos" para que cumplieran la legalidad, entre otros. O los responsables de la SPTCV que se encargó de abonar el canon de la F1 durante varios años y algunos de cuyos responsables también participaron en la compra de Valmor o en el falseamiento de las respuestas a diputados de la oposición.
