Catastrófico. Así ve su futuro el sector empresarial del juego en la Comunitat Valenciana si el Consell del Botànic saca adelante el proyecto de ley que regula la actividad del juego tal como ha sido diseñado por la Conselleria de Hacienda. El texto normativo, que en su faceta tributaria entrará en vigor en 2018, contempla, tal como adelantó en su día Levante-EMV, un aumento impositivo, así como nuevas restricciones para los locales y casinos que operan en territorio valenciano.
Como era de esperar, la ley ha caído como un jarro de agua fría en los operadores del juego, que, además de sentirse ninguneados (aseguran que la administración ni siquiera se ha puesto en contacto con ellos para consultarles), vaticinan una debacle en sus negocios: contracción de la actividad, pérdida de puestos de trabajo e incluso, al contrario de lo que prevé la Generalitat, una menor recaudación fiscal.
Esta visión pesimista queda reflejada en las alegaciones que la mercantil Apuestas Deportivas Valencianas SA, de un lado, y, de otro, la Asociación de Casinos del Juego de la Comunitat Valenciana, han dirigido a la Conselleria de Hacienda.
Los escritos que forman parte del expediente del anteproyecto de ley son extremadamente críticos con la norma redactada por la Dirección General de Tributos. En esencia, la queja es compartida ya que el sector considera que serán los principales perjudicados de una ley que, a su modo de ver, sólo busca aumentar la recaudación. Así, Apuestas Deportivas SA, subraya que el planteamiento de la conselleria es "de tal calado" que supone una quiebra de las condiciones básicas sobre las que en su día se acometieron las decisiones empresariales de invertir en el sector.
"No nos han escuchado"
La mercantil deplora que el Consell «no haya tenido a bien al menos escuchar a quien, en algunos casos, lleva ya más de 30 años operando en el sector» y considera totalmente injustificado el incremento del 100% del tipo de tributación por la tasa de juego en la modalidad de apuestas.
"¿Por qué se asume sin ningún rubor que una subida de tal calibre está justificada cuando no se ofrece ningún argumento que la justifiqué?", añade. Esta medida fiscal (el tipo impositivo para apuestas presenciales pasa de un 10 a un 20 %) que el sector califica de "disparatada" situaría el tipo en el más alto de toda España. Así, el operador concluye que la subida no tiene más razón que la recaudatoria y vaticina una caída de los resultados de las empresas operadoras de las apuestas, "y como consecuencia el cierre de establecimientos de juego y caída de empleos".
En términos similares se pronuncia la asociación de casinos de la Comunitat Valenciana que subraya que la única explicación para que los casinos permanezcan abiertos es el de pertenecer a grupos empresariales de acreditada solvencia que, hasta la fecha, "han venido asumiendo a su costa las cuantiosas pérdidas acumuladas desde el inicio de la crisis".
Así, la asociación aporta una serie de datos sobre el resultado económico, según los cuales, tras fuertes inversiones (más de 55 millones ) sus pérdidas acumuladas entre 2012 y 2015 alcanzaron los 15 millones. Admiten que en 2016, por primera vez, los resultados han sido positivos (3,4 millones en ganancias) lo que les está permitiendo amortizar la inversión.
Para el colectivo, en este momento un incremento de la tasa del juego como la que prevé el Consell, lejos de incrementar la recaudación, la reducirá: "Ocurrirá justo lo contrario, una pérdida de actividad y por tanto de la recaudación y el empleo", aseguran.
