El deseo de una parte del Consell (fundamentalmente, la pata de Compromís) de aplicar el requisito lingüístico para el acceso a la función pública valenciana durante esta legislatura tiene pocos visos de hacerse realidad. Los retrasos en aprobar el proyecto de ley del empleo público hacen que, con el calendario en la mano, sea prácticamente imposible que la capacitación lingüística para el acceso a una plaza pública se desatasque a tiempo y sea realidad en los diferentes procesos de selección de la Generalitat.
En medios gubernamentales y sindicales se da por hecho que no habrá requisito lingüístico este mandato ya que la ley que debe regularlo ni si quiera ha pasado el primer tamiz del pleno del Consell.
La Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas acabó el borrador de la ley hace más diez meses, pero algunos de sus puntos calientes (fundamentalmente, el redactado relativo al requisito) provocó un primer aplazamiento ya que Compromís consideró muy tibia la formulación.
Bravo y el conseller de Educación, Vicent Marzà, alcanzaron un mes después un acuerdo que, en principio, blindaba el requisito para esta legislatura. Así, se acortaba el plazo a seis meses para que una vez aprobada la ley, se acordara el reglamento con los detalles sobre cómo aplicar el requisito en el acceso.
Compromís arrancó, además, una nueva disposición en la ley que establece que transcurrido un año desde la entrada en vigor y, en caso de que el reglamento no se haya aprobado, se fijan ya los niveles exigibles que tendrán que acreditarse. A saber: el certificado C1 (equivalente al Mitjà) para los niveles más altos (grupos A1, A2 y B); el B2 y B1(equivalente al Elemental) para los grupos C1 y C2.
En principio, esta cláusula venía a blindar el requisito lingüístico esta legislatura, ya que, con los plazos acotados y la ley teóricamente desatascada, había margen para que los procesos selectivos de 2019 se desarrollaran ya bajo los nuevos requisitos legales.
Sin embargo, el trámite de la ley se ha ralentizado de tal manera que aún está pendiente de que el Consell dé su primer visto bueno y lo envíe al Consell Jurídic Consultiu (CJC). Con el dictamen ya emitido, debería pasar de nuevo por el Consell y, tras su aprobación, llegaría a las Corts. Allí comenzaría un trámite parlamentario que dura meses, con lo que con mucha suerte la ley entraría en vigor antes de acabar el mandato, aunque sin margen ya para la cláusula del requisito.
Fuentes de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas indicaron que Bravo tiene previsto presentar la ley al Consell en las próximas semanas. Apuntan que queda pendiente el informe de Hacienda e indican que la conselleria ha tenido que atender cientos de alegaciones en el trámite de exposición pública.
En este tiempo, además, Bravo ha mantenido un tira y afloja con altos cargos de Compromís a cuenta de dos novedades que incorporaba el borrador de la ley y que, finalmente, caerán del texto. Bravo que, tal como informó el martes este diario ha tenido que ceder la llave de la función pública a Compromís, también ha acabado renunciando a dar categoría de entidad pública al Instituto Valenciano de Administración Pública y a la oficina Oficina de Supervisión de funcionarios.
Ambas iniciativas despertaron recelos en Compromís. El instituto porque quedaría bajo la órbita socialista y la Oficina porque chocaba con competencias de la inspección de Trabajo, bajo el control de Transparencia. En pro del consenso, ambas iniciativas salen del texto.
