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Seguridad

Trabajo alerta de siete deficiencias en la Ciutat de la Justícia tras el fuego

La inspección da un mes a la conselleria para que revise la instalación eléctrica y de protección de incendios entre otras medidas

Trabajo alerta de siete deficiencias en la Ciutat de la Justícia tras el fuego

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha remitido un oficio a la Conselleria de Justicia para que mejore la seguridad en la Ciutat de la Justícia de València con plazos que oscilan entre un mes y los noventa días, según las actuaciones a realizar.

El organismo que depende del Ministerio de Empleo y Seguridad Social realiza este requerimiento tras constatar siete "deficiencias en materia preventiva" que incumplen la ley de prevención de riesgos laborales, tras las visitas realizadas al edificio judicial después del incendio registrado el 10 de septiembre - que obligó al cierre de todos los juzgados durante ocho días- y en respuesta a la denuncia presentada por cuatro de los sindicatos judiciales CSIF, Intersindical, CC OO y UGT.

Entre las actuaciones que deberá realizar la Dirección General de Justicia, de quien depende el edificio, se encuentra la "revisión del mantenimiento de la instalación eléctrica de baja tensión" en el plazo de un mes "para comprobar que se adapta» a la normativa vigente (el real decreto de 1973 sobre el reglamento electrotécnico para baja tensión actualizado en 2002) y que, por tanto, la instalación "se encuentra en adecuado estado de funcionamiento» si así lo concluye una "empresa autorizada".

La Inspección de Trabajo ha detectado, sobre esta cuestión, que la empresa mantenedora realizó las revisiones trimestrales de la red de baja tensión en marzo y junio de 2017 "pero la revisión de 1 de septiembre y la anual de 2017 no se ha documentado", por lo que "en un futuro se deberá observar la normativa sobre mantenimiento e inspección periódica de la instalación eléctrica".

También se concede el plazo de un mes para que se revise «con carácter inmediato la instalación de protección contra incendios» para determinar que "cumple con el real decreto de 1993 sobre instalaciones de protección contra incendios", actualizado en 2017.

Otro punto polémico que ha incumplido la Ciutat de la Justícia durante once años deberá resolverse en noventa días. La Inspección de Trabajo exige a la Conselleria de Justicia que "el plan de autoprotección elaborado en 2006 y en el que no se llegaron a designar equipos de intervención ni realizar simulacros" deberá actualizarse e implantarse "en un plazo máximo de tres meses".

Respecto a la acumulación de expedientes en las dependencias judiciales el mandato de la Inspección de Trabajo también es taxativo: "Se adoptarán medidas organizativas o de procedimiento tendentes a limitar la numerosa documentación que ocupa mesas, parte superior de armarios, salas multiusos, pasillos y recorridos de evacuación de numerosos juzgados, trasladándolos al archivo general situado en el sótano del edificio".

El objetivo es, advierten los inspectores, "lograr un sistema de archivo inmediato que evitaría la inaceptable acumulación de expedientes en las sedes judiciales, con la consiguiente reducción del espacio de trabajo, ocupación de las vías de evacuación e incremento del riesgo de incendio y de sus efectos, por lo que resulta imprescindible que la dirección general de Justicia organice el traslado de dichos expedientes a los cuartos del archivo general en un plazo de dos meses".

Respecto a la zona incendiada, la autoridad laboral también exige a la Conselleria de Justicia que "refuerce el forjado entre las plantas segunda y tercera [que se vió afectado por el incendio] para reforzar su seguridad", además de impartir instrucciones "por escrito" a las empresas que intervienen en la reparación sobre "el número máximo de trabajadores que puede acoger la planta para las operaciones de limpieza que se siguen realizando y señalar la prohibición de acceso a la zona".

Además, en los juzgados ubicados arriba y abajo de la planta incendiada (la segunda de la zona azul, que sigue cerrada) se deberá volver a medir, en el plazo de un mes, "las condiciones termohigrométricas y la calidad ambiental interior" además de proceder "a la higienización de los conductos de ventilación y máquinas de climatización y verificar la limpieza y desinfección del falso techo de la zona afectada".

La Inspección de Trabajo incluso insta a la conselleria a valorar si "procede efectuar nuevas actuaciones dirigidas a la eliminación por aspiración de los residuos de combustión (hollín) que puedan encontrarse en su interior y que, con las vibraciones del edificio, pueden caer sobre los puestos de trabajo".

Por último, en las nuevas zonas habilitadas para los Juzgados de Primera Instancia 1, 2, 3 y 4 -trasladados por el incendio- se deberá "analizar las condiciones materiales, ambientales y ergonómicas" en el plazo de un mes.

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