El juez del caso Taula, Víctor Gómez Saval, ha citado a declarar como testigos a ocho de los contratistas del Ayuntamiento de València que, supuestamente, financiaron de manera ilegal la campaña electoral de Rita Barberá en 2007, según una providencia notificada ayer a la que ha tenido acceso Levante-EMV.

Sólo cuatro de las ocho empresas citadas en las próximas semanas habrían pagado, presuntamente, 1,5 millones de euros a la empresa de comunicación Laterne Product Council por trabajos que no han podido justificar, por lo que los investigadores sospechan que este dinero fue directo a la supuesta «caja B» del PP que financió la campaña electoral de Barberá en la que los populares se gastaron más de dos millones de euros, aunque legalmente sólo declararon haber invertido 150.000 euros.

Debido al tiempo transcurrido, los contratistas sólo pueden ser citados como testigos, por lo que en las próximas semanas comparecerán en el juzgado los legales representantes de JC Decaux, Agricultores de la Vega, Grupo Secopsa, Pavasal y Lubasa, entre otros, según la providencia a la que ha tenido acceso Levante-EMV.

En la misma pieza del caso Taula que investiga el presunto delito electoral y pitufeo presuntamente cometido por el PP en el Ayuntamiento de València, el magistrado también decidió ayer imponer al exvicealcalde de València, Alfonso Grau, una fianza de un millón de euros en concepto de responsabilidad civil, tras solicitarlo la Fiscalía Anticorrupción.

La medida se adopta en cumplimiento del artículo 589 de la ley de enjuiciamiento criminal que faculta al juez para exigir «fianza para asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan declararse procedentes» cuando en un sumario resulten «indicios de criminalidad contra una persona».

En esta pieza del Caso Taula Grau está investigado como «presunto responsable de un delito de malversación de caudales públicos, como autor y en su condición de vicealcalde del Ayuntamiento de València», según el auto del magistrado Víctor Gómez Saval. A Grau se le acusa de un presunto delito de malversación porque las empresas públicas dependientes de él, en calidad de vicealcalde de València, pagaron 2,2 millones de euros a Laterne Product Council por trabajos que, en algunos casos, no se llegaron a realizar.

Las fundaciones públicas en el punto de mira son el Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD), Fivec (Fundación para la innovación urbana y economía del conocimiento), Fundación de la Comunitat Valenciana para la calidad, Turismo Valencia Convention Boureau (TVCB) y Feria València que dependían de Alfonso Grau o en las que ostentaba un cargo por su condición de teniente de alcalde, como es el caso de Feria València (que sí ha podido acreditar parte de los trabajos realizados por Laterne).

Por todos estos hechos Grau deberá depositar en los próximos días la fianza de un millón de euros en el Juzgado de Instrucción 18 de València. En caso de no disponer de esta cantidad de dinero, el exvicealcalde debe aportar al juzgado la información sobre cuentas corrientes, créditos, joyas y objetos de arte, rentas, bienes inmuebles, sueldos o pensiones que estén a su nombre para que sean embargados judicialmente, según el auto comunicado ayer a las partes. La Fiscalía Anticorrupción también ha solicitado una fianza de 300.000 euros para el exconcejal de Innovación y exdirector del CyD, Juan Eduardo Santón, aunque el juez aún no se ha pronunciado sobre él.

Por último, el exgerente provincial del PP desde 1994 hasta 2014 y exconcejal en Serra, José Antonio Moscardó Úbeda, compareció ayer ante el juez y el Fiscal Anticorrupción, pero se acogió a su derecho a no declarar. El argumento esgrimido, como el resto de investigados, que está pendiente de resolución su recurso ante la Audiencia por considerar fuera de plazo el último auto del juez que decidió investigarlo por delito electoral en 2007 y que se sumaba a la imputación por la campaña electoral de 2011.