La lucha contra la corrupción ha crecido en medios y en la tipificación de delitos en los últimos años. Aunque los corruptores y corruptos a veces parecen correr más. Además de tener a su servicio a los mejores despachos de abogados. Una realidad paralela en la que se llega a «racionalizar la conducta» corrupta: «Todo el mundo lo hace, todo el mundo paga y no pasa nada. ¿Cuántas prevaricaciones urbanísticas se han archivado durante años?», explicaba ayer en València Álvaro Ibáñez Alfaro, inspector jefe de la Unidad de delincuencia económica y fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que participó en la jornada técnica sobre el «Sistema de alertas para la prevención de la corrupción», organizada por la Conselleria de Transparencia.

Ibáñez Alfaro ingresó en la policía en 2001 y se estrenó en la lucha contra el blanqueo de capitales con la Operación Malaya, la mayor operación contra la corrupción urbanística con epicentro en Marbella. Posteriormente ha participado en las investigaciones del Caso Palau y el Caso Pujol. En clave autóctona, dirigió junto al Fiscal Anticorrupción, Vicente Torres, la Operación Hispanioulus, bautizada con este latinismo medieval por el apellido del principal implicado, Serafín Castellano, delegado del Gobierno cuando fue detenido el 29 de mayo de 2015 por agentes de la UDEF, el Fiscal Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción 2 de Sagunt.

Operaciones policiales contra la corrupción y el blanqueo de capitales en las que, la última justificación más socorrida y pronunciada por los acusados en los interrogatorios es «yo firmaba lo que me decían los técnicos». Y en las que se ha evolucionado de la entrega de dinero en sobres a la sofisticación fiscal, según explicó el inspector jefe de la UDEF.

«Antes se entregaba el dinero en metálico pero ahora casi todos los actos de corrupción son con facturas. Y la factura tiene otra ventaja para el corruptor, es un coste que se deduce de sus beneficios en el impuesto sobre sociedades, por lo que tiene una doble ventaja que antes no ocurría». Por ello el responsable policial lamentó que la legislación y las penas por blanqueo de capitales «sigan siendo bastante laxas».

Ibáñez Alfaro tiene con qué comparar. En 2011 dirigió en Madrid la operación contra el clan de narcotraficantes estadounidenses Los Miami en la que consiguió incautar 25 millones de euros, una operación por la que fue condecorado en Estados Unidos por el gobierno federal.

El cabecilla del clan, Álvaro López Tardón, fue condenado a 150 años de cárcel por blanqueo de capitales y asociación criminal. «En España la pena no pasaría de 9 años porque todas las interpretaciones de la ley son a favor del delincuente».