La consellera de Sanidad Universal, Carmen Montón, pidió ayer aprovechar la reforma constitucional pactada entre el PP y el PSOE a propósito del «procés» independentista catalán para universalizar la sanidad y «consolidar y situar la salud como pieza fundamental del Estado del bienestar».

En un desayuno informativo organizado por Executive Forum, la consellera socialista se ha referido a la reforma de la Constitución que se emprenderá el año que viene para tratar de solucionar el problema territorial en España y ha asegurado que «sería el momento» de que se pusiese la sanidad al mismo nivel que la educación. Respecto al conflicto en Cataluña, ha expresado que su partido «siempre toma el camino más complicado, pero el más sensato», que es el de «acercar posturas».

La consellera celebró en su intervención en Madrid que las noticias que rodean al Gobierno valenciano ya «no están asociadas a la sección de tribunales, sino a la recuperación de derechos y la recuperación económica». En el terreno de la sanidad, ha cargado contra los recortes, el copago farmacéutico, el modelo Alzira de concesión sanitaria o la tasa de reposición de los profesionales sanitarios.

La titular de la Sanidad valenciana ha contrapuesto su política de universalización de la sanidad, ayudas frente al copago o garantía de tratamiento a pacientes de hepatitis C con la del Gobierno, «que se aferra al Real Decreto 16/2012 de exclusión sanitaria y copago». En este sentido, ha recordado que «frente a la exclusión sanitaria del Gobierno de Rajoy en 2012», el Consell «recuperó la universalidad de Ernest Lluch en la atención sanitaria». Según ella, esta universalidad ha permitido atender a más de 21.000 inmigrantes que cumplen el requisito «imprescindible de ser una persona».

Contra el modelo Alzira

Montón ha apostado por la eliminación del conocido como modelo Alzira, de concesión sanitaria, para realizar «una apuesta firme» por el modelo de gestión pública directa en la sanidad valenciana. En esta línea, en abril de 2018, finalizará el contrato entre la conselleria y la UTE Ribera Salud II, que gestiona el departamento. Montón ha garantizado que, pese a este cambio, los profesionales conservarán sus puestos de trabajo, los usuarios tendrán la misma cartera de servicios y lo único que se eliminará será «el beneficio empresarial». Matizó, no obstante, que «defender lo público no es atacar lo privado» y que ella aboga por que sea «un complemento; nunca un sustituto».