El plan de choque prometido por la Conselleria de Justicia para atajar los 2.500 juicios suspendidos por el incendio de la Ciutat de la Justícia llega con un mes de retraso desde que se solicitaron los refuerzos por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y de la Fiscalía Provincial de València, el pasado 27 de septiembre. Ese día la Sala de Gobierno del TSJCV solicitó nueve jueces y 38 funcionarios para poder celebrar en tres meses los actos judiciales suspendidos por el incendio del 10 de septiembre. Una petición que se trasladó a la misma consellera de Justicia, Gabriela Bravo, en la reunión celebrada en la Ciutat de la Justícia a la que asistieron responsables del TSJCV, la Fiscalía, el decanato de los juzgados de Valencia, la Audiencia Provincial, letrados de la Administración de Justicia y representantes de los colegios profesionales de abogados, procuradores y graduados sociales.
Sin embargo, a punto de cumplirse un mes desde la petición de refuerzos, ni han llegado los jueces (que dependen del Ministerio de Justicia) ni han llegado los funcionarios (que son competencia de la Conselleria de Justicia) como ayer manifestó el letrado de la administración de justicia y secretario de la sala de gobierno del TSJCV, José Miguel de Ángel, durante el acto de apertura del Año Judicial 2017-2018.
El problema es que sin los 40 funcionarios prometidos por la Conselleria de Justicia el ministerio no aprobará los nueve jueces de refuerzo ya que los primeros son «los cimientos necesarios para construir el plan de choque», explicó De Ángel a Levante-EMV.
Desde la Conselleria de Justicia respondieron al ser interrogados al respecto que «el próximo lunes se incorporarán los primeros once funcionarios de refuerzo para recuperar el ritmo de trabajo alterado por el incendio».
De este primer grupo de incorporaciones, «ocho funcionarios son del cuerpo de auxilio judicial y se incorporarán a cada uno de los juzgados de Primera Instancia directamente afectados por el incendio (los números 1 al 7 y el número 10), donde asumirán funciones de atención al público», según explican fuentes de Justicia. Otros dos funcionarios también apoyarán en la Fiscalía de València a los fiscales de apoyo nombrados con ocasión del incendio y un funcionario reforzará el Registro Civil.
Desde la Conselleria de Justicia justifican estas casi cuatro semanas de retraso, a pesar de la urgencia que requería el plan de choque, en que «la petición [de 38 funcionarios] de la sala de gobierno se hizo el 27 de septiembre pero no nos llegó hasta el 6 de octubre y porque la reclamamos nosotros», aseguran fuentes oficiales de la Conselleria de Justicia a Levante-EMV.
Por el contrario, desde el TSJCV explican que la propuesta se trasladó a la consellera Gabriela Bravo en la reunión celebrada en la Ciutat de la Justícia tras la Sala de Gobierno. De hecho, así lo recoge la misma Conselleria de Justicia en la nota de prensa emitida el 27 de septiembre: «El Tribunal Superior de Justicia ha hecho llegar a la conselleria un acuerdo de su Sala de Gobierno que cuantifica en 38 el número de funcionarios y funcionarias de refuerzo para apoyar a los juzgados». Incluso en los días posteriores (29 de septiembre y 2 de octubre) se remitió, vía correo electrónico, a varios funcionarios de la Conselleria de Justicia que reclamaron el plan de choque elaborado por el TSJCV. Aunque formalmente el acta de la Sala de Gobierno (que tarda uno o dos días en transcribirse) se «trasladó a todos los actores implicados a lo largo de toda la semana» en referencia a los días laborales entre el 2 y el 6 de octubre.
Desde el departamento que dirige Gabriela Bravo defienden que «la dirección general de Justicia ha logrado tramitar el correspondiente expediente administrativo en un tiempo récord y, tras recibir la autorización de la Dirección General de Presupuestos, el próximo lunes 23 de octubre tomarán posesión los primeros once funcionarios de refuerzo». Otros 23 funcionarios interinos tomarán posesión el 30 de octubre. El resto deberá esperar a que deberá esperar a que el Ministerio de Justicia nombre tanto a los jueces como a los letrados de la Administración de Justicia reclamados por el TSJCV para hacer frente a los 2.500 juicios suspendidos.
