El incendio de la Ciutat de la Justícia planeó en todos los discursos de la apertura del Año Judicial 2017-2018 celebrada ayer en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). «Ha sido una experiencia sin precedente en toda España, que está en vías de solventarse de una forma razonable», destacó la presidenta del TSJCV, Pilar de la Oliva, quien recordó el plan de choque puesto en marcha para atender los 2.500 juicios suspendidos. «Sin duda, podría haberse hecho mejor, y también sin duda es una experiencia de la que extraeremos conclusiones sobre cómo deben afrontarse este tipo de situaciones en el futuro», aseguró al tiempo que reclamaba que «no puede demorarse el establecimiento de protocolos y mecanismos preventivos de seguridad para cuantos acuden y desarrollan su actividad en los órganos judiciales». De la Oliva también instó a las Administraciones competentes a «dar el paso y llevar a la Justicia al siglo XXI, con más medios materiales y personales», tarea en la que se ofreció a «liderar» el proceso. Los jueces valencianos dictaron el pasado año un total de 165.000 sentencias.

El letrado de la administración de justicia y secretario de la sala de Gobierno del TSJCV, José Miguel de Ángel, también confió en que «el nombramiento de funcionarios de refuerzos y las tareas de limpieza y ventilación se ejecuten con la máxima celeridad posible y que se pueda restablecer cuanto antes y con seguridad en todos los sentidos la normal actividad jurisdiccional».

Por último, el teniente fiscal de la Comunitat Valenciana, Gonzalo López Ebri, en funciones de Fiscal Superior por la baja de Antonio Montabes, en funciones del fiscal superior, hizo un minucioso repaso al trabajo realizado por los 254 fiscales de toda el territorio valenciano. Destacan el incremento del 18% de las diligencias de investigación penal abiertas en 2016 por la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo (529, el 52 % por incendios) o el 17 % de incremento de los delitos económicos como fraude contra la Seguridad Social, defraudación tributaria y fraude de subvenciones.