Los juzgados han recibido ya las primeras denuncias formuladas por los manifestantes que el pasado 9 d´Octubre fueron agredidos y acosados por un grupo de ultras durante la marcha convocada por la Comissió 9 d´Octubre bajo el lema «Sí al valencià». Se trata de nueve denuncias, a las que la próxima semana se sumará la que está preparando la Unió de Periodistes por las agresiones y amenazas a varios fotógrafos y periodistas durante la tradicional manifestación que se celebra cada año la tarde del Día de la Comunitat Valenciana y que este año se vio gravemente alterada por la acción de esos ultras, 13 de los cuales han sido detenidos por la Brigada de Información de la Policía Nacional en los días siguientes a esos hechos.
La primera denuncia, a la que ha tenido acceso Levante-EMV, fue interpuesta a principios de semana ante la Policía Nacional por una pareja homosexual que tuvo que abandonar la manifestación ante el acoso, las amenazas de muerte y los insultos de los ultras. En ella, recogen cómo les gritaron «maricones de mierda, os vamos a matar, os vamos a coger» y cómo fueron empujados y golpeados por los agresores.
Las otras ocho, en las que se denuncian agresiones, amenazas, injurias, lesiones y delitos de odio, así como desórdenes públicos, fueron interpuestas el jueves en el Juzgado de Instrucción 19 de València, en funciones de guardia, y en ellas, las víctimas no sólo aportan un PDF con fotografías de la sucesión de ataques, sino que además aportan las identificaciones de al menos diez implicados, entre los que se incluyen algunos que no figuran entre los detenidos por la policía pero que las víctimas señalan al entender que fueron inductores y que organizaron varias de las agresiones. Asimismo, han aportado varios vídeos que recogen la secuencia de las agresiones más graves, como la sufrida por una pareja que fue golpeada y arrastrada por el suelo por varios de los detenidos por la policía. Fuentes jurídicas han explicado a este diario que en las denuncias presentadas el viernes se ha solicitado al juzgado que oficie a la Policía Nacional para que la Brigada de Información de ese cuerpo policial, la unidad especializada en movimientos radicales, elabore un informe detallado que refleje la pertenencia de los sospechosos a grupos de extrema derecha, con el fin de acreditar que las agresiones «no fueron broncas puntuales entre grupos de personas, sino que se trató de un ataque planificado y organizado».
Además, los letrados han pedido en las denuncias que se soliciten las grabaciones que pudieran haber sido captadas por las cámaras de tráfico, principalmente, para verificar a vista de pájaro cómo se produjeron los movimientos envolventes que permitieron a los agresores aislar y atacar a algunas de las víctimas, lo que también acreditaría que hubo planificación. En ese sentido, los denunciantes han añadido también mensajes de algunos de los participantes en sus redes sociales convocando a la marcha varios días antes de que esta tuviera lugar.
Investigación desde el día 10
Por otro lado, la Brigada de Información de la Policía Nacional dio por concluido el viernes el atestado elaborado sobre estos hechos, tras haber detenido a 13 de los presuntos participantes, tal como ha venido informando Levante-EMV. Los agentes abrieron una investigación en la mañana del 10 de octubre y un día después arrestaron al primer sospechoso, Juan Manuel B. V. Tanto él como los siguientes 12 detenidos quedaron en libertad con cargos tras declarar en la Jefatura Superior de Policía. Ninguno de ellos pasó a disposición judicial porque, en esta ocasión, la Fiscalía abrió diligencias de investigación penal (DIP) el mismo martes, día 10, por la mañana y pidió a la policía que investigase los hechos sucedidos la tarde anterior y le entregase todas las diligencias que practicase. Por esa razón, el viernes los agentes llevaron el atestado a la Fiscalía y no a un juzgado.
Ahora, será la fiscal especial de delitos de odio quien examine el trabajo policial, que incluye informes de pertenencia de varios detenidos a grupos ultras como los Yomus y otras peñas radicales de otros clubes de fútbol, así como a la Curva Nord del Valencia CF -el expresidente figura entre los arrestados y dimitió después de que este periódico publicase en exclusiva esa detención-. Además, los agentes aportan identificaciones de varios miembros de esos y otros grupos radicales que estuvieron en la manifestación, aunque no participaron, en principio, en los delitos investigados de odio, desórdenes públicos y contra el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas. La policía aporta las actas de detención de los 13 presuntos implicados y vídeos y fotografías, tanto las tomadas por los propios investigadores durante la marcha, como las publicadas en medios de comunicación y redes sociales, así como algunas grabaciones de cámaras de seguridad.
Una vez examinado el atestado policial, la fiscal de delitos de odio será quien presente todo ese material, en forma de denuncia, en un juzgado. Previsiblemente, todas acabarán acumulándose en un mismo órgano judicial, que aún está por determinar, ya que en este momento hay al menos dos jueces que han recibido ya material relacionado con las agresiones -el que estaba de guardia el martes (los hospitales que atendieron a las víctimas generaron partes judiciales de lesiones) y el del viernes, con las primeras ocho denuncias-, además de la propia Fiscalía.
