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Análisis

El efecto dominó del artículo 155

El PNV, clave en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018, no apoyará al Gobierno si mantiene su intervención en Cataluña

Cuando el pasado lunes el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se reunió con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para tratar la reforma del sistema de financiación, el Gobierno de Mariano Rajoy aún no había decidido aplicar el artículo 155. Al menos eso era lo que transmitían de forma pública. Ese día, Puig volvió a València encantado con la «buena disposición» de Montoro para que a finales de este mismo año esté cerrado el nuevo sistema, la gran reivindicación del Consell para esta legislatura.

La decisión que tomó el Consejo de Ministros de intervenir la Generalitat de Cataluña, sin embargo, puede dar al traste con los pasos (muchos o pocos) que se hayan podido dar hasta ahora en esta materia y borrar la alegría de la cara del presidente valenciano.

El pasado mes de septiembre, el PNV ya avisó que si el Gobierno de Rajoy se empleaba con fuerza con Cataluña le resultaría muy complicado apoyar los presupuestos de 2018, documento en el que debe ir reflejado el cambio del modelo de financiación. El portavoz de los nacionalistas vascos en el Congreso, Aitor Esteban, el mismo sábado, denunciaba que la aplicación del 155 era «abusiva» y su partido incluso ponía en duda que fuera constitucional.

El propio Lehendakari, Íñigo Urkullu, ha mostrado su apoyo a la Generalitat de Cataluña y considera «desproporcionado» que se aplique el artículo 155.

Sin el voto del PNV, el Gobierno tiene ciertamente complicado sacar adelante las cuentas, a no ser que el PSOE, «por el bien de España», como ha hecho en otras ocasiones, decida facilitar su aprobación en el trámite que deben pasar en el Congreso.

El otro camino para abordar el cambio en el sistema de financiación autonómica está en la reforma de la Constitución. Hace unos días, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, anunciaba que había arrancado el compromiso a Mariano Rajoy de abrir un proceso de negociación para la renovación de la Carta Magna en un plazo máximo de seis meses. Es justo el mismo tiempo que el Gobierno ha puesto sobre la mesa para la convocatoria de elecciones en Cataluña una vez entren en vigor las medidas del 155.

En su comparecencia del sábado, el presidente del Gobierno aseguraba que eso ocurriría «cuando se restablezca el orden constitucional». Si las previsiones se cumplen, los comicios serían a finales de enero del 2018.

Parece complicado pues creer que el Ejecutivo se arriesgará a meterse a negociar una reforma de la Constitución, mientras, al mismo tiempo, se intenta que en Cataluña todo vuelva a la normalidad que marca el documento que rige el funcionamiento del Estado español, aprobado en el año 1978, y, también a la vez, se habla del modelo de financiación.

Aún hay más. Montoro y Rajoy deben tener claro que ni en una ni en otra negociación pueden contar con un interlocutor enviado por el Govern de Cataluña. Otra cuestión es si se atreverán a cerrar reformas tan importantes sin contar con una de las autonomías más importantes del territorio español.

Con todo, el 155 podría tener un efecto dominó nefasto para los intereses de la Comunitat Valenciana y bloquear hasta el próximo año la reforma que acabaría con la discriminación histórica que sufre la autonomía.

Bien es cierto que Cataluña ya se autoexcluyó de los últimos encuentros de la Conferencia de Presidentes y del Consejo de Política Fiscal y Financiera, los dos órganos en los que, al más algo nivel, se negocian las cuestiones que atañen a las autonomías y en las que están implicadas el Estado. Habrá que ver hasta qué punto el ministro es capaz de seguir adelante con el proceso obviando a uno de los territorios.

La cuestión catalana se ha colado de lleno en la agenda del presidente del Consell y podría entorpecer el trabajo para que la valenciana deje de ser la comunidad peor financiada.

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