Una de las reivindicaciones históricas del sector agrario tiene que ver con el precio al que se pagan los productos agrícolas. A nadie le extraña ver imágenes de agricultores tirando la cosecha en lugares públicos a modo de protesta o campos abandonados donde no se ha llegado a recolectar la producción del año. Esto es una consecuencia directa de la baja retribución que percibe el productor, que a veces no llega ni para cubrir los costes básicos.

Precisamente por esto, Aguado, aunque agradece la iniciativa gubernamental de la moratoria en los pagos a la Seguridad Social, cree que son necesarias otras «reformas más profundas del sistema» como es el control de los precios que se pagan al agricultor. «Mientras no se procure una cantidad justa de lo que cobra el productor por kilo, la viabilidad de la agricultura está en peligro», asegura. Además explica que es necesaria la aplicación de incentivos para que se produzca un rejuvenecimiento en la profesión. La media de edad entre los trabajadores del campo cada vez es más elevada y el relevo generacional está seriamente amenazado.

Otra de las medidas que reclaman los propietarios de explotaciones agrícolas tienen que ver con las aseguradoras agrícolas.

Esto lo sabe bien José Vicente García que además de ser profesor titular de Tecnología de los Alimentos en la Universidad Politècnica de València, es hijo de viticultores y está involucrado al 100% en la explotación de los viñedos familiares ubicados en la zona de Los Ruices, en Requena. Precisamente una de las zonas más afectadas por la falta de lluvias en los últimos años. En su caso, este año la producción «no ha ido del todo mal» aunque reconoce que en las comarcas del interior han ido «encadenando años de sequías muy severas como fueron las temporadas de 2014 y 2016».

En su opinión, la moratoria en los pagos a la Seguridad Social medida resulta «muy interesante» pero «no es suficiente». Según explica a este periódico, «resultaría más útil que los seguros del campo mejoraran el baremo para cubrir los desperfectos ocasionados por el siniestro de sequía» ya que los daños se calculan por área de parcela perjudicada y no por producción, lo que supone un «claro perjuicio» para el agricultor que ve mermada la cantidad de toneladas cosechadas por la carestía de agua.

Otra de las medidas que propone García para el sustento de la agricultura de secano es que se «promoviese la formación de los regantes en las zonas vitivinícolas» como soporte a una optimización del uso del agua.