Los cinco departamentos de salud gestionados de forma privada en la Comunitat Valenciana (la Ribera, Manises, Dénia, Elx-Crevillent y Vinalopó) deberán firmar sus propios contratos con el IVO o adherirse expresamente al contrato firmado por la Conselleria de Sanidad si quieren enviar a sus pacientes para ser atendidos en el centro oncológico pagando ellos, eso sí, la factura. Así se desprende del articulado del contrato entre la fundación privada y la administración sanitaria para atender a 30.000 pacientes anuales por 53,7 millones de euros y que entra en vigor el próximo miércoles, 1 de noviembre.
El objetivo de la Conselleria de Sanidad al especificar este extremo es evitarse tener que volver a pagar las facturas de los tratamientos que estos enfermos han recibido en el IVO pero que las gestoras privadas de los cinco departamentos han dejado de pagar a lo largo de los años. Esta práctica ya le ha costado a las arcas públicas 5,5 millones de euros.
La responsabilidad sobre a quién le tocaba pagar por los tratamientos en el IVO de los enfermos de cáncer de las zonas privatizadas ha ido cambiando durante los años. Los convenios entre la Administración y el IVO datan de hace 40 años, antes de la aparición en escena del llamado modelo Alzira. Una vez apareció el hospital de la Ribera, la conselleria sí asumió el pago de estos tratamientos pero, llegado un momento, la administración entendió que las empresas gestoras eran las responsables del pago por los pacientes que mandaban al IVO (no de aquellos que lo decidían directamente). Las concesionarias ya recibían un dinero por cada una de las personas adscritas al departamento y, por tanto, era su responsabilidad asumir los tratamientos para su curación fueran internos o externos.
Sanidad pidió así en su día que el IVO facturase directamente a los departamentos privatizados. El centro oncológico así lo hizo pero las concesionarias, en muchas ocasiones, no asumieron los pagos y empezaron a dejar servicios sin pagar. El IVO llevó a Sanidad ante los tribunales en 2012 por ello y, dos años después, consiguió una sentencia favorable: la conselleria debía compensarles con 5,5 millones de euros por facturas de las concesionarias, ya que los pacientes estaban protegidos por la sanidad pública y el IVO y las concesionarias no tenían contratos directos a través de los que facturar a los pacientes derivados.
Estos 5,5 millones hacían referencia a facturas pendientes de pago de 2009, 2010 y 2011 y por pacientes atendidos de zonas privatizadas tanto que habían solicitado directamente ir al IVO como que habían sido derivados por decisión de los especialistas de las concesionarias.
A partir de ahí, la conselleria, amparándose en una sentencia posterior del TSJ de 2016 estableció que cualquier tratamiento a un paciente derivado de los departamentos privatizados debía ser asumido por las concesionarias: Sanitas que se hace cargo de Manises, Ribera Salud en Alzira, Elx-Crevillent y Vinalopó y Ribera Salud junto a DKV en Dénia.
El fallo clarificaba, además, según fuentes de la conselleria "que la falta de relación jurídica contractual entre el Instituto Valenciano de Oncología y los concesionarios no era un argumento suficiente para que los concesionarios endosaran a la Generalitat la obligación del pago".
De esta forma, Sanidad adelantó que, ahora, la situación con el nuevo contrato "seguirá siendo la misma en estos casos de derivación", es decir, las concesionarias deberán pagar por sus pacientes aunque en el articulado se ha decidido incluir la salvedad de la firma de los contratos específicos.
