Amnistía Internacional de València ha organizado un ciclo de cine anual sobre los derechos humanos, que ya celebra su octava edición. Ayer se proyectó la segunda película - La muerte y la doncella, de Roman Polanski- y el director de la sección española de la ONG, Esteban Beltrán, acudió a la cita. El objetivo es que, una vez al mes, a través del cine, el público «piense, descubra y reflexione» sobre los derechos humanos.
Se cumplen 40 años de la Ley de Aministía española. ¿Qué balance realiza usted?
España es de los pocos países que han pasado de una dictadura a una democracia y no ha habido nada de justicia ni reparación social respecto a los crímenes del franquismo. La Ley de Amnistía se ha utilizado como un mecanismo de impunidad. Durante la Guerra Civil y el franquismo hubo ejecuciones, torturas, desapariciones, trabajos forzosos, y lo único que ha habido es un obstáculo tras otro para conocer la verdad y una reparación inexistente.
¿Y cómo se pueden cerrar definitivamente capítulos como la Guerra Civil o el franquismo?
Pues como hacer cualquier país del mundo. Primero hay que leer la página para poder pasarla después. Pero hay 2.500 fosas sin abrir, 114.000 casos de desapariciones forzosas y torturas... Ningún caso avanza, tampoco se permite a la justicia argentina hacer su trabajo y se cierra en falso lo que ocurrió. Lo que debería haber es una verdad oficial, una localización de personas y fosas, el reconocimiento del sufrimiento pasado y la posibilidad de que la gente pueda ir a la justicia. Eso es lo que ha hecho el resto de países. La justicia es un gran desagravio para las víctimas y cuando no ocurre, la situación empeora. Un ejemplo: en Guatemala una mujer me dijo que lo único que pedía era que el asesino de su marido dejara de sonreírle cada vez que se lo cruzaba en la aldea.
Algunos municipios, como València, han iniciado el cambio de calles con nombres franquistas para cumplir con la Ley de Memoria Histórica.
Tenemos la Ley de Memoria Histórica del año 2007, que gestiona administrativamente el dolor de las víctimas. Quitar los nombres franquistas del callejero es caminar por la dirección correcta, pero es una medida claramente insuficiente. La cuestión fundamental es reconocer el dolor, conseguir que los juicios injustos con los que se ejecutó a gente sean declarados nulos, que se cree una Comisión de la Verdad, porque desde 1975 hasta el año 2010 ha habido 490 países que la han creado, pero España no. Se tiene que hacer un esfuerzo para reconocer a las víctimas. Las autonomías y los ayuntamientos pueden dar (y dan) pasitos, pero lo importante debe venir del Gobierno central y del Tribunal Supremo.
Amnistía Internacional entregó 205.000 firmas recientemente para que se tomen las medidas oportunas con la Ley de Amnistía. ¿Qué esperan? ¿Cuál será el siguiente paso?
Ahora se trata de dos cosas: un margen para avanzar y otro de reparación. Tuvimos una comparecencia en el Senado hace unos días y lo que pedimos es sencillo: medidas para preservar archivos y otras pruebas; y que la justicia esté presente en más de 2.388 fosas comunes que contienen más de 45.900 restos de personas. Es importante la presencia policial en la exhumación de fosas y restos mortales porque ahora se hace elegir a las víctimas entre exhumar a sus seres queridos o preservar la prueba del crimen. Si se creara una Comisión de la Verdad en el Congreso y en el Senado, se podría avanzar. Ahora hay una posibilidad de cambiar la Ley de Amnistía, para evitar que los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, sean tipificados como delitos y faltas si fueron realizados antes de de 1976, pero no hablamos de delitos o faltas, hablamos de crímenes contra la humanidad. Hay una propuesta de reforma para cambiar la Ley de Amnistía pero ni PP, ni Ciudadanos, ni PSOE quieren.
El argumentario se repite: si hay cambios, si hay debate, se abren las heridas...
Es un falso debate. Esa no es la cuestión. Abrir la herida es la única manera de ver por donde sangra. Y es lo que han hecho en países como Liberia, Sierra leona, Chile... Todos han seguido la misma pauta: verdad, reparación y algo de justicia. Lo que es muy raro es un país que olvida a sus víctimas y les pone obstáculos. Pero los familiares de las víctimas no olvidan. Por ejemplo, en Paterna, la investigación por ejecución extrajudicial de 14 personas no ha podido avanzar por la Ley de Amnistía.
Ley de Amnistía aparte, ¿cuál es la situación de los derechos humanos en España?
Existen muchas asignaturas pendientes, con los refugiados y los inmigrantes, por ejemplo. España se comprometió a acoger 17.000 refugiados y han llegado 2.119; el sistema de asilo lleva a los refugiados a la indigencia y tenemos una ley de asilo que no tiene reglamento desde 2009; sigue vigente el decreto ley que dejó a 740.000 inmigrantes sin cartilla sanitaria; la vivienda no se reconoce como un derecho real... De hecho, la Comunitat Valenciana es una de las comunidades con más desahucios, la Generalitat Valenciana realiza una ley autonómica de la vivienda, pero el Gobierno central amenaza con recurrir esta ley aunque no haya avances en vivienda; existe una discriminación a las víctimas del franquismo y de la Guerra Civil. Ni tan siquiera se ha reformado la ley Mordaza que es una amenza contra la libertad de expresión y reunión. España es un país que siendo una democracia con garantías, tiene demasiadas asignaturas pendientes en materia de derechos humanos.
¿Se puede controlar la inmigración sin violar los derechos internacionales?
Por supuesto, hay una convención y con ratificarla se podría hacer, pero ningún país europeo lo ha hecho. Para las personas inmigrantes que tienen orden de expulsión no hace falta un CIE, porque solo hay que privar de libertad a quien haya cometido un delito grave. Lo de los inmigrantes irregulares son faltas administrativas. Se les podría retirar el pasaporte, la documentación, ponerles una fianza, obligarles a que se presenten periódicamente en el juzgado o la comisaría... Pero jamás su ingreso en prisión durante 40 a 60 días porque no han cometido ningún delito. En Ceuta y Melilla la gente que pide refugio debería poder hacerlo en las salas habilitadas para ese fin y no saltando la valla. Hay mucho que hacer y sí, se puede y se debe hacer de otra manera, sin violar los derechos humanos.
¿Por qué dice usted que en España el racismo es invisible?
Hemos avanzando pero aún queda mucho por hacer. Los incidentes de racismo, xenofobia, delitos de odios se registran desde hace muy poco, pero aún no hay ninguna estrategia para combatirlo.
En España las ONG han asumido parte de la responsabilidad que tiene el Estado. Como presidente de una ONG de renombre, ¿cuál es el papel que les corresponde?
El estado tiene que ocuparse de los últimos de la fila de la sociedad. De la gente sin vivienda, que vive en la calle, que no tiene cubierta la alimentación, de los mayores, los discapacitados, los refugiados... Si un Estado no es capaz de destinar los recursos a los últimos de la fila, no debe llamarse Estado. Quitarse la responsabilidad de la atención de estos colectivos o retirar los programas o delegarlos en una ONG, es dejar en el aire a los más vulnerables.
